El ordenamiento sanciona expresamente a los condenados por el delito de tráfico de migrantes a la expulsión o prohibición de ingreso en su caso.
El 08 de mayo la Corte Suprema en causa rol N° 13950-2025 confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la que rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra de las instituciones recurridas.
Cabe tener presente que se interpuso un recurso de amparo en favor de un ciudadano boliviano en contra de orden de expulsión de la que se desconocen sus datos y fecha de emisión, informada mediante llamada telefónica por funcionarios de PDI en contra del amparado. Dicha sanción, se derivaría de la Resolución Exenta Número 40341, de fecha 01 de septiembre del año 2023, que resuelve expulsar del territorio nacional al reclamante, disponiendo además en su contra una prohibición de ingreso a Chile por 25 años.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de amparo toda vez que la medida de expulsión puede ser decretada por resolución fundada de la autoridad administrativa correspondiente, o por el tribunal con competencia penal, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico y, en especial, con lo dispuesto en la Ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
Así, la Corte no consideró un actuar ilegal o arbitrario por la autoridad migratoria, toda vez que emana del órgano competente, dentro del marco de sus atribuciones y se encuentra fundada en las normas referidas en el motivo que anteceden.
Apelada dicha decisión, la Corte Suprema la confirmó.