Dicha política se articula en base a cuatro ámbitos guías para la toma de decisiones a nivel nacional, regional y comunal.
El pasado 5 de mayo, se publicó en el Diario Oficial el decreto N° 19 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba la Política Nacional de Desarrollo Rural (en adelante PNDR), que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral. Desde esa perspectiva, la PNDR busca ayudar a dar un mayor equilibrio territorial en el país, potenciando el desarrollo sostenible de sus asentamientos poblados de menor tamaño.
Cabe destacar, que por medio del decreto supremo N°34 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se creó la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (en adelante Comicivyt), organismo que tiene como función proponer al Presidente de la República, políticas nacionales de ordenamiento territorial, de desarrollo rural y urbano. Es debido a esta función que con fecha 20 de enero de 2020, esta comisión aprobó la presente propuesta, la que fue enviada al Presidente de la República, quien le otorgó su aprobación mediante la dictación del presente decreto.
Esta política, se articula en torno a cuatro ámbitos, que son guías para la toma de decisiones a nivel nacional, regional y comunal.
En primer lugar, se encuentra el ámbito del bienestar social. En virtud del cual, se debe tener en consideración las bajas densidades poblacionales, la dispersión entre asentamientos poblados, las deficiencias de conectividad y la particularidad geomorfología del país caracterizada por gran diversidad climática y ecosistemas. Esta política establece que el accionar público debe adquirir una perspectiva multidimensional, con foco territorial, que atienda a las particularidades cada lugar en un contexto de sustentabilidad.
En segundo lugar, se encuentra el ámbito de oportunidades económicas. Para propiciar las oportunidades económicas en los espacios rurales, se debe potenciar y diversificar de forma sostenible la base económica de dichos territorios y apoyar el desarrollo de habilidades para la innovación, adopción de nuevas tecnologías, etc., por medio del fortalecimiento del capital social. Agrega, que en materia de inversión es importante adecuar las normas y metodologías a las características de cada especio rural, por tanto, se propone profundizar las instancias tanto públicas como privadas y generar mayor inversión en infraestructura estratégica.
En tercer ámbito, se encuentra la sustentabilidad medioambiental. En relación a ello y teniendo en consideración que los territorios rurales de nuestro país poseen un patrimonio natural abundante y diverso, la presente política considera la sustentabilidad medioambiental como un factor constitutivo indisociable del bienestar de la sociedad y del desarrollo rural, valorando el potencial de los ecosistemas estimulando su resguardo.
Finalmente, el cuarto ámbito es de cultura e identidad. Teniendo presente que los territorios rurales tienen un patrimonio que necesita una identificación y reconocimiento mayor frente al mundo contemporáneo, la globalización y la multiculturalidad. Esta política considera acercarse a dicho acervo para salvaguardarlo, promoverlo y potenciarlo.
Cabe destacar que la política consagra un conjunto de lineamientos o guías, que tienen por objetivo avanzar hacia un desarrollo territorial armónico del país. Para ello se estable una estructura que coordina a los actores en distintos ámbitos. A nivel comunal, la integración de los lineamientos requiere un rol de los municipios, quienes deberán procurar incorporar los lineamientos a sus planes de desarrollo comunal. A nivel regional, cada Gobierno Regional en apoyo de la división de planificación y desarrollo regional, son quienes deberán integrar los lineamientos de esta política en la estrategia regional de desarrollo, en los planes regionales de ordenamiento territorial y cualquier otro documento relacionado con la planificación y gestión territorial de territorios rurales. Finalmente, a nivel nacional la implementación de la PNDR y su revisión cada 10 años será responsable la Comicivyt, quien contará con un Comité Técnico conformado por representantes de cada ministerio miembro y que será coordinado por una Secretaría Ejecutiva que entregará soporte técnico y administrativo para ejercer sus funciones.
Finalmente, en cuanto al seguimiento de esta política, le corresponderá a la Comicivyt quien establecerá un plan de acción y la metodología de evaluación. Mientras que el monitoreo del cumplimiento de los objetivos y lineamientos, quedarán a cargo de un sistema de indicadores de calidad de vida rural creado para el efecto, que permitirá en el largo plazo, realizar una evaluación de sus avances.