La reciente «Operación Apocalipsis», liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, ha sacudido el sistema penitenciario chileno al formalizar a 47 gendarmes y 23 civiles por delitos como cohecho, ingreso ilegal de drogas, alcohol y visitas indocumentadas en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Esta red de corrupción, que involucra cobros sistemáticos y crimen organizado, no surge de la nada: es el resultado de prácticas funcionarias arraigadas en una ineficacia normativa más amplia que ha sido documentada por más de una década por la academia y por instituciones tales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), la Fiscalía de la Corte Suprema y los jueces de garantía, entre otros. Lejos de ser anomalías aisladas, estos hechos revelan un fenómeno estructural donde la norma jurídica es desplazada silenciosamente, permitiendo que lógicas operativas dominen sobre principios como la probidad, la transparencia pública y la protección de derechos fundamentales.
En el corazón de esta crisis yace lo que denomino «desactivación institucional de la norma»: un mecanismo relacional y situado mediante el cual condiciones objetivas del encierro carcelario —materiales, jerárquicas y simbólicas— activan ritualmente la norma para preservar el statu quo, transformando su potencial transformador en mera legitimación burocrática. Este proceso se manifiesta en estructuras del campo penitenciario como el sufrimiento (naturalizado como experiencia institucionalizada), la violencia (coercitiva y simbólica persistente), la burocracia (rutinas administrativas que legitiman precariedad), el hacinamiento (condiciones materiales que agravan vulnerabilidades), la precariedad (escasez operativa que intensifica desigualdades), la jerarquía (distribución asimétrica del poder) y el sujeto devaluado (deshumanización del recluso como figura estructural de dominación). Estas no son contingencias, sino tramas relacionales objetivas que configuran un espacio de dominación simbólica, reproduciendo desigualdades y erosionando la eficacia normativa. Al proponer esta desactivación institucional, no pretendo en absoluto una defensa de quienes han delinquido —ya sean gendarmes corruptos o reclusos involucrados en redes ilícitas—, sino ofrecer una explicación situada desde dentro del sistema que nos provea una visión crítica con capacidad de activar una ética de la reparación: reconocer las fallas estructurales para intervenir en ellas, transformando la mera denuncia en acciones concretas que restituyan la dignidad y la integridad del orden público.
Los informes del INDH desde 2011 hasta 2023, junto con los del CPT y auditorías de la Contraloría, ilustran esta dinámica: prácticas opacas en la gestión interna, ausencia de controles efectivos y vulneraciones sistemáticas a la probidad administrativa en los recintos penales chilenos, comprometiendo la integridad y transparencia de la función pública en Gendarmería. En el CDP Santiago 1, estos registros documentales muestran una evolución diacrónica donde las estructuras se adaptan sin alterarse en esencia. La corrupción actual, con gendarmes facilitando ingresos ilícitos a cambio de pagos, se inserta en esta trama: no es desobediencia explícita, sino un desplazamiento donde la norma (como el Código Penal o el Reglamento Penitenciario) permanece vigente pero irrelevante, subordinada a «razones penitenciarias» que privilegian la eficiencia, el control y la jerarquía por sobre los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas que deben regir la actuación de los funcionarios públicos.
En esta dinámica viva de la vida interna, los funcionarios movilizan repertorios argumentativos plurales —gramáticas justificatorias como «es por seguridad», «no hay recursos», «según indicación del jefe», «hay que ser leales entre los gendarmes» o «no se puede sapear al colega»— para neutralizar críticas éticas y jurídicas en escenarios de disputa. Estas expresiones no son meras excusas individuales, sino códigos compartidos que consolidan una solidaridad corporativa por encima del deber público, protegiendo prácticas opacas y desviadas bajo el manto de la «lealtad institucional». De esta forma, la crítica externa —sea de fiscalía, auditoría o sociedad civil— es deslegitimada como falta de comprensión de la «realidad operativa», reforzando una dominación simbólica que perpetúa la ineficacia normativa, que afecta no solo la protección de derechos fundamentales de los reclusos (dignidad, integridad, rehabilitación), sino también otros órdenes normativos como la probidad y transparencia pública. En este sentido, la racionalidad operativa situada se impone silenciosamente: emerge como sentido práctico incorporado, aprendido por inmersión en el campo, donde motivaciones sustantivas (probidad, dignidad) son desplazadas por formales (orden, eficiencia). De tal suerte que la ineficacia no radica en la invalidez de la norma, sino en su desconexión interna con la acción, generando una «legalidad vacía» bajo apariencia de cumplimiento.
Esta desactivación no es inevitable, pero exige reformas estructurales profundas y no meras declaraciones. En este escenario, donde las condiciones materiales y simbólicas son las que propician esta ineficacia, cabe preguntarse: ¿qué están haciendo las autoridades a cargo del sistema penitenciario para contrarrestar este efecto pernicioso? El Presidente Gabriel Boric y el Ministro de Justicia han anunciado una reforma constitucional para dividir Gendarmería —separando funciones de seguridad y reinserción, pasando la institución al Ministerio de Seguridad Pública—, pero esto parece más un gesto paliativo que una solución integral, limitándose a generar un cambio administrativo sin detallar recursos concretos, ni plazos vinculantes para su implementación efectiva, ni menos dar garantía de los efectos que se buscan alcanzar. Si queremos modificar verdaderamente este escenario, debemos exigir un esfuerzo mayor: invertir en aumentar el recurso humano y en su profesionalización, implementar un sistema de formación por competencias idóneo, propiciar capacitaciones efectivas, introducir protocolos de supervisión independientes, generar incentivos para la denuncia interna e instalar un sistema de evaluaciones periódicas de impacto, que vayan más allá de la retórica y aborden las raíces estructurales de la corrupción y la ineficacia.
La sociedad civil, la academia y el Estado deben reconocer que el sistema penitenciario chileno no fracasa por fallas técnicas aisladas, sino por una racionalidad práctica que naturaliza la ineficacia. Solo una ética de la reparación, que tensiona lo decible con lo indecible, puede transformar este orden en uno compatible con la dignidad humana y la probidad institucional.
En última instancia, la corrupción en Gendarmería no es un escándalo pasajero, sino el síntoma visible de una desactivación profunda. Ignorarla perpetuaría un ciclo donde la norma, en lugar de regular la vida carcelaria, legitima su precariedad. Es hora de activar mecanismos que restituyan su eficacia, no como ritual vacío, sino como guía transformadora.
