En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, el director ejecutivo de Altech: Asociación de Legaltech de Chile, Esteban Ruiz Omegna, aborda el rol del legaltech en la modernización del Estado, los desafíos de la transformación digital, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo jurídico y las condiciones necesarias para que la tecnología contribuya efectivamente al acceso a la justicia y al fortalecimiento democrático.

¿Cuál es hoy el rol de Altech y por qué era necesaria una asociación con este foco?

La Asociación Gremial de Legaltech de Chile (Altech) nace porque el mundo legal empezó a cambiar más rápido que sus propias estructuras. Hoy cumplimos un rol bien concreto: articular al ecosistema legaltech, generar confianzas y ayudar a que la tecnología aplicada al derecho deje de ser algo experimental y pase a ser parte de la práctica diaria.

Hacía falta una asociación gremial porque no bastaba con que existieran buenas soluciones; era necesario ordenar el mercado, levantar estándares, dialogar con el Estado y empujar una adopción responsable, especialmente cuando hablamos de datos, automatización e inteligencia artificial.

Desde su experiencia, ¿qué tan profunda es la transformación digital del Estado chileno?

Es una transformación real, pero muy desigual. Hay instituciones que han avanzado muchísimo y equipos públicos muy preparados, pero también hay brechas importantes.

Los principales problemas no están en la falta de tecnología, sino en la interoperabilidad entre sistemas, en el gobierno de datos y en la gestión del cambio. Muchas veces se digitaliza el trámite, pero no se rediseña el proceso, y eso limita el impacto real en las personas.

¿Cómo puede la tecnología mejorar concretamente el acceso a la justicia?

Cuando hablamos de acceso a la justicia, la tecnología sirve de verdad cuando reduce fricciones. Cuando orienta mejor a las personas, les permite entender qué pueden hacer, en qué etapa están, cuánto va a demorar un proceso o qué alternativa es más adecuada para su caso.

No se trata solo de tribunales más digitales, sino de servicios más claros, más rápidos y más humanos. Ahí es donde la tecnología deja de ser discurso y se convierte en impacto.

En eficiencia regulatoria y calidad institucional, ¿qué cambios reales permite hoy la tecnología?

Permite tomar mejores decisiones. Hoy es posible usar datos para focalizar fiscalizaciones, reducir cargas innecesarias y hacer más predecible la relación entre el Estado y quienes regulan.

También mejora la trazabilidad y la transparencia, lo que fortalece la confianza. Pero esto solo funciona si la tecnología viene acompañada de rediseño de procesos y de criterios claros de responsabilidad.

Hoy más que nunca, esto es fundamental y necesario, la tecnología puede transformarse en confianza.

La IA generativa está entrando con fuerza al mundo legal. ¿Qué oportunidades abre y qué límites deberían fijarse?

La oportunidad principal es productividad y acceso. Puede ayudar a preparar borradores, ordenar información, traducir lenguaje legal y apoyar a equipos que están sobrecargados.

El límite está claro: la IA no reemplaza el criterio jurídico ni la responsabilidad profesional. Y lo acabamos de ver recientemente en un caso que demuestra que el uso de estas herramientas en el ejercicio del derecho exige un estándar elevado de responsabilidad. La IA puede apoyar el trabajo jurídico, pero nunca reemplaza el deber profesional de verificar la veracidad, vigencia y exactitud de la información utilizada. Su empleo irreflexivo no solo compromete la calidad de la profesión, sino que también puede derivar en sanciones y afectar la confianza en la labor judicial.

Además de la IA, ¿qué tendencias son claves para una modernización real?

Sin duda el gobierno de datos y la automatización de procesos. Sin datos de calidad no hay inteligencia artificial que funcione, y sin automatización seguimos desperdiciando tiempo en tareas repetitivas.

También es clave la interoperabilidad entre instituciones y una mirada seria de ciberseguridad. La modernización no es una herramienta aislada, es un sistema completo. Tenemos las bases para avanzar, pero todavía falta un paso clave. Hoy necesitamos que los organismos públicos que manejan información puedan conectarse mejor entre sí. Para eso, es fundamental que cuenten con APIs, que en simple funcionan como un enchufe digital: un punto de conexión seguro y estandarizado. Con los consentimientos correspondientes y buenas medidas de seguridad, esto permitiría compartir y usar los datos de manera eficiente, evitando que las personas tengan que entregar la misma información una y otra vez y mejorando la calidad de los servicios públicos.

Mirando al futuro, ¿qué riesgos ve y qué condiciones deben darse para que la tecnología fortalezca la democracia?

El riesgo principal es creer que la tecnología, por sí sola, mejora las instituciones. Si se implementa sin gobernanza, puede generar opacidad, exclusión o pérdida de confianza.
Para que fortalezca la democracia se necesitan reglas claras, transparencia, control, capacidades internas y una mirada centrada en derechos. La tecnología no reemplaza a las instituciones; las pone a prueba. Si se hace bien, las fortalece. Si se hace mal, las debilita.