Las cuentas de la electricidad registrarán nuevas alzas a partir del segundo semestre de 2026, de acuerdo con el informe técnico preliminar publicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que fija los precios de nudo promedio para el período.

En promedio, las cuentas residenciales tendrán un incremento de 2,4%, mientras que las industriales subirán cerca de 3%, según cálculos del académico Humberto Verdejo.

Las variaciones, sin embargo, serán distintas según la comuna y la empresa distribuidora. En Santiago, por ejemplo, se estima un alza de 2,7% para clientes residenciales, mientras que en Arica y Copiapó se proyectan bajas de 0,7%.

En el sur del país se anticipan aumentos más significativos. En Puerto Montt, las tarifas residenciales podrían subir cerca de 9% con la distribuidora Crell y hasta 16% con Saesa. Para clientes industriales, Santiago registraría un incremento de 3%, Concepción de 2% y Puerto Montt llegaría a 21% en el caso de Saesa.

Tras la publicación del informe preliminar, las empresas cuentan con cinco días hábiles para presentar observaciones. Luego de ello, la CNE emitirá el informe definitivo, que una vez publicado en el Diario Oficial permitirá aplicar los nuevos valores desde el 1 de julio.

Entre las razones principales detrás de las alzas figuran la actualización de los contratos eléctricos, el término de los descuentos aplicados por los errores detectados en generación y transmisión, y el descongelamiento de los Reconocimientos de Generación Local (RGL).

Los errores tarifarios detectados durante 2024 tuvieron un impacto importante en las cuentas. Uno correspondió a un error metodológico de la CNE y otro a una sobrevaloración de activos reconocida por la empresa transmisora Transelec. Ambos casos derivaron en cobros excesivos a los clientes, estimados en torno a US$ 250 millones, montos que comenzaron a devolverse desde enero de 2026.

Sin embargo, esas devoluciones terminan en junio, por lo que desde julio dejará de aplicarse ese descuento transitorio. Según Verdejo, este factor sería el principal motivo detrás de las nuevas alzas tarifarias.

A ello se suma el descongelamiento de los RGL, un mecanismo de descuento aplicado desde 2016 a las tarifas reguladas y que había permanecido congelado desde 2019. Su reactivación permitirá amortiguar parcialmente las alzas, aunque no compensará completamente los otros factores.

En paralelo, continúa pendiente la deuda asociada al retraso en la fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que bordea los US$ 900 millones.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) definió que ese cobro comenzará a aplicarse desde el 1 de julio, luego de haber sido postergado. Sin embargo, el Gobierno se encuentra buscando una fórmula legal que permita reducir el impacto de este cargo en las cuentas de los clientes.