Además, el proyecto propone aumentar las penas a quienes disparen un arma de fuego cerca dichos establecimientos.
El pasado 10 de mayo, ingresó a la Cámara de Diputados el Boletín N° 14.972-02, proyecto de ley que modifica la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el Decreto N° 400 del año 1977, con el fin de establecer como circunstancia agravante el portar armas de fuego y otros elementos a una distancia de hasta 500 metros contados desde establecimientos educacionales o de salud, y aumentar la pena en un grado a quienes cometan disparos bajo esas mismas circunstancias.
Esta propuesta surge en un contexto donde se ha registrado un aumento de delitos violentos en las ciudades del país. Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a la fecha se han contabilizado en Chile alrededor de 277 homicidios, de los cuales 165 se han cometido con armas de fuego de distintos tipos, esto es, más del 60% de este tipo de delitos.
Además, según la Policía de Investigaciones, dicho incremento se ha percibido mayormente en las Regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Coquimbo, Arica, Tarapacá y Antofagasta.
De esta manera, el proyecto busca elevar los castigos actualmente impuestos por la ley. En primer lugar, estableciendo como circunstancia agravante a quienes porten armas de fuego, municiones, explosivos y sustancias químicas dentro de un radio de 500 metros de un establecimiento educacional o de salud, sean estos públicos o privados, contados desde la puerta de acceso de cada establecimiento.
Al mismo tiempo, la propuesta establece aumentar las penas en un grado a quienes tengan la osadía de disparar un arma de fuego, explosivos, dentro de un perímetro máximo de 500 metros de distancia de los establecimientos educacionales e instituciones de salud, sean estos públicos o privados.
Así, se pretende poner fin al serio riesgo de resultar herido o fallecido por armas de fuego, al que se han expuesto innecesariamente niñas, niños, adolescentes, personal de la salud y pacientes, dentro de sus respectivos establecimientos, según indica el proyecto, iniciado en moción por el diputado Jaime Araya, y firmado también por los diputados Marta González, René Alinco, Carolina Marzán, Helia Molina, Cristián Tapia, Héctor Ulloa y Raúl Soto.