La implementación de la reforma será gradual, estando en régimen en cuatro años más, es decir el 2026.
El pasado 07 de julio, a través de un mensaje presidencial, ingresó a la Cámara de Diputados el Boletín N° 15.170-05, proyecto de ley de Reforma Tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social.
Con esto, el gobierno no busca enfrentar fines puramente recaudatorios, sino que también, y tal como expresa el proyecto, “atender las causas que han impedido la construcción de acuerdos en esta materia, minando la confianza de las personas en las instituciones fiscales y dificultando la necesaria certeza que un sistema tributario debe brindar de cara a la economía y a las personas”.
Así, el objetivo de este proyecto es, por un lado, el financiamiento responsable de otras reformas estructurales, como la ampliación de derechos sociales, la diversificación productiva y la descentralización. Por otra parte, esta reforma busca avanzar en justicia tributaria, y que cada uno pague los impuestos que le corresponden; contribuir a aumentar la productividad de la economía; avanzar en eficiencia y menores costos de cumplimiento, apoyar a la clase media y las Pymes, y aumentar la legitimidad recaudatoria.
En primer lugar, el proyecto modifica el Código Tributario de la siguiente manera: incorporando una Norma General Antielusión, cumpliendo estándares internacionales, incluyendo la figura del denunciante anónimo tributario; entregando nuevas facultades de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos; facilidades de pago para las pymes, como la rebaja de manera permanente de la tasa de interés por deudas tributarias, pasando de 1,5% mensual a 1% mensual; y modificando sanciones penales.
Luego, se propone aumentar en los tramos y tasas del impuesto global complementario y el impuesto único de segunda categoría, esto significa incrementar las tasas marginales a personas que obtienen ingresos mensuales de más de 4 millones de pesos.
Además, este proyecto entrega nuevos beneficios para la clase media, incorporando como gastos deducibles de la base imponible del IGC al arriendo de viviendas con tope de 8 UTA ($450.000 al mes), y los gastos asociados al cuidado de personas menores de dos y de personas con dependencia severa, con un tope de 10 UTA ($550.000 al mes).
Por otro lado, se proponen créditos especiales para nuevas y nuevos emprendedores, modificaciones a la ley sobre herencias y donaciones, fortalecimiento de la ley de incentivos de inversión privada en I+D y modificaciones al DFL2.
Finalmente, el proyecto establece un nuevo impuesto a la riqueza, al cual quedan sujetas las personas con un patrimonio, tanto en Chile o en el extranjero, que exceda de 5 millones de dólares. En el tramo de 4,9 y 14,7 millones de dólares, la tasa será de un 1%; mientras que para el tramo de más de 14,7 millones de dólares, la tasa será de 1,8%. Según el proyecto, con este diseño, serán solo 6.300 personas las que se encontrarán gravadas con el impuesto.
La implementación de la reforma será gradual, estando en régimen en cuatro años más, el 2026.