El 25 de octubre, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, la Cámara de la Producción y del Comercio del Biobío, DOE, El Banco de Información de Chile, y Actualidad Jurídica, El Blog de DOE, organizaron el seminario sobre “Ciberseguridad en las organizaciones: Gestión de riesgos más allá del antivirus”, que contó con el patrocinio del Centro de Extensión del Senado.
En el evento, se discutió sobre cómo deben operar las organizaciones en materia de compliance y ciberseguridad, las normativas que se implementaron en la nueva ley de Delitos Informáticos y la agenda público-privada que se está desarrollando desde el gobierno.
El seminario contó con la participación de Daniel Álvarez Valenzuela, Coordinador Nacional de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, quien presentó la agenda público-privada en materia de ciberseguridad contenidos en la Política Nacional de Ciberseguridad. En este sentido, Álvarez define la PNCS como “el objetivo a promover ciertos valores en el ciberespacio y alcanzar un nivel desarrollo que establezca un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente”, los que reflejan un sistema de valores compartidos dentro de la comunidad jurídica y la comunidad técnica-internacional especialista en estos temas.
Por otro lado, Ximena Sepúlveda, abogada y académica del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción, abordó la mirada preventiva de la nueva ley de Delitos Informáticos y la capacidad minimizar riesgos del ciberespacio en las organizaciones. Además, la académica enfatizó que hoy en día “la ciberseguridad dejó de ser técnica, es importante tenerlo en cuenta. Esto era algo que se refería a tener más y mejores antivirus, mejores medidas en los dispositivos para evitar la entrada de riesgos en materia informática, pero hoy día pasó a ser algo normativo”, por lo que el compliance informático, agrega Sepúlveda, es una herramienta que protege a las organizaciones frente a las vulnerabilidades que el ciberespacio posee.
Por último, Osvaldo Pizarro, Defensor Regional de la Defensoría Penal Pública de la región del Biobío, puntualizó sobre los aspectos que busca proteger esta ley de delitos informáticos en las organizaciones; como lo son datos informáticos, los datos de tráfico informático y el sistema informático, por lo que, advierte Pizarro, “que una empresa no tome las medidas de protección y no haga un plan de prevención de delitos o de compliance, para abordar estos riesgos, evidentemente hay un riesgo que se está invisibilizado y una vulnerabilidad que no se está considerando”, por lo que tiene un impacto a nivel de responsabilidad.
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