Máximo tribunal rechazó casación y estableció que la puesta a disposición de contenidos audiovisuales a huéspedes configura comunicación pública sujeta a autorización.
El máximo tribunal ratificó que las instrucciones notariales generan responsabilidad contractual y que el incumplimiento del deber de custodia obliga a indemnizar el daño directo sufrido por la parte afectada.
La nueva ley establece un sistema de cargo fiscal administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo para beneficiar a trabajadores y empresas del sector privado. La norma fija grupos prioritarios, requisitos de acceso, reglas de cálculo, control administrativo y una entrada en vigencia diferida.
El máximo tribunal rechazó un recurso de casación en el fondo y validó la restitución de un inmueble, al estimar que la ocupación actual carece de título y se explica solo por tolerancia del dueño.
La Corte de Apelaciones descartó ilegalidad u omisión de autoridades frente a denuncias por contaminación acústica, destacando fiscalización en curso y ausencia de infracciones acreditadas.
