La publicación reúne el trabajo de ocho académicos en torno al cambio de criterio jurisprudencial de nuestros tribunales superiores de justicia, el Tribunal Constitucional y la Corte IDH, en materia de salud.
Ratificó la legalidad de la suspensión del convenio de intermediación para el suministro de medicamentos, adoptada por CENABAST debido a una deuda impaga.
Este proyecto de ley tiene por objeto respetar y garantizar a las personas naturales el ámbito privado y reservado de ellas, en estricto respeto a su dignidad personal, ante la eventualidad de ser amenazados por la difusión de su identidad en medios de comunicación.
El hecho de rechazar la cobertura por Ley de Urgencia Fonasa incurrió en ilegalidad, amenazando el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de la actora.
La falta de notificación de la decisión cuestionada transforma en ilegal sus consecuencias toda vez que el fundamento se desvirtúa al exigir al administrado una conducta que este desconoce.
La última renovación del cargo para el año 2024 no permite invocar la llamada "confianza legítima", por el solo hecho de haber sido renovado por cinco períodos consecutivos.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
