En un debate constitucional futuro, como el que se encuentra en gestación actualmente, y en un contexto de procesos de creación, actualización y reforma de algunas instituciones del Estado, resulta relevante tener presente estos tres conceptos con el fin que se trate de un proceso

La democracia se ha consagrado en la actualidad como la forma de gobierno más aceptada en el mundo y la que mejor asegura la participación de las personas que la conforman, tratándose también de un «proceso en permanente construcción, un ideal que inspira el perfeccionamiento

La rendición de cuentas se ha conceptualizado como aquel mecanismo o herramienta con el que se cuenta para controlar a quienes detentan el poder. Se ha indicado que, no sólo se trata del cumplimiento de obligaciones de entrega de información a través de la transparencia

Diagnósticos de organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el informe «Auditoría a la Democracia» del año 2014, ya indicaban que en Chile existía una clara debilidad de los mecanismos de participación para incidir «en las distintas etapas de

La Comisión Nº 2 sobre «Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía» redactó la norma sobre Probidad y Transparencia que fue incorporada al proyecto de Nueva Constitución, contenida en el apartado de Principios Constitucionales. La norma constitucional aprobada por el pleno indica que «El ejercicio de las

Mucho se habla y se ha hablado sobre la necesidad de «modernizar el Estado», sin embargo, al tratarse de un concepto multívoco, es necesario ponerse de acuerdo sobre a qué nos referiremos con este término. Se le ha entendido como sinónimo de mayor participación, mejor

Esta triada conceptual, resume el núcleo esencial que debe estar presente en el fondo del diseño de las instituciones, no siendo excluyente a su presencia en la forma de operar de las instituciones. Es importante tener presentes estos conceptos en el contexto actual de procesos

Actualmente, el Principio de Transparencia está consagrado en el Artículo 8º de la Constitución Política en conjunto con el Principio de Probidad, norma que fue reformada e introducida a este cuerpo normativo en el año 2005 por la Ley Nº 20.050, luego de un largo