A propósito de su participación en las XXI Jornadas de Derecho Administrativo, realizadas en la Universidad de Tarapacá, el presidente de la Asociación de Derecho Administrativo (ADAD) y profesor asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez, Guillermo Jiménez, reflexiona sobre el rol de la actividad material en la Administración, los riesgos de una justicia excesivamente sustantiva y los desafíos que enfrenta el Derecho Administrativo frente a la modernización del Estado y el avance de nuevas tecnologías.
La integrante de la Red Ciudadana por los Humedales y de la Corporación Humedales de Angachilla, Montserrat Lara, expuso en las Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho sobre el rol de la evidencia comunitaria en la gestión y protección de humedales. En entrevista con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, aborda la validación metodológica de los datos ciudadanos, el diseño normativo de la ordenanza de Valdivia, los aportes del mapeo participativo a la declaratoria del Santuario Angachilla y las dificultades actuales para ejecutar sentencias por daño ambiental.
El profesor de Derecho Ambiental y exministro del Tercer Tribunal Ambiental, Iván Hunter, fue uno de los expositores de las Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho, donde analizó los desafíos judiciales asociados a la aplicación de la Ley 21.202 y la protección de humedales urbanos y rurales. En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, profundiza en vacíos normativos, criterios jurisprudenciales y proyecciones institucionales.
En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, Ignacio Gallardo, coordinador Comité PDP de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos (AGPD Chile) y co-expositor ante la Comisión Asesora Ministerial para la implementación de la Ley 21.719, analiza los nudos críticos del régimen diferenciado para pymes, advirtiendo que limitarlo solo a criterios económicos podría abrir espacios de uso indebido y comprometer la protección efectiva de los titulares. El experto llama a la futura Agencia a adoptar un enfoque basado en riesgo, a establecer pisos mínimos de seguridad claros y a fijar límites para grandes proveedores tecnológicos que operan como encargados. Según señala, “Chile está en el momento clave para definir estándares que sean realistas, proporcionales y, sobre todo, garantistas”. En el contexto de la implementación de la Ley 21.719, ¿cuál es hoy el principal desafío cultural y operativo para instalar en Chile una protección de datos realmente basada en derechos? ¿Existe conciencia de que tratar datos personales es un deber jurídico y no solo un trámite administrativo? A mi modo de ver, en Chile aún falta una comprensión social y empresarial de que la protección de datos es el derecho fundamental de nuestros tiempos y no un simple trámite administrativo. El crecimiento exponencial de las tecnologías y de las capacidades de análisis aumenta los riesgos para las personas, tanto en su vida privada como en su relación con la sociedad. Para las personas, el desafío está en contar con más educación, información y control sobre sus datos. Para las empresas, el reto radica en su capacidad organizacional para integrar la privacidad en sus procesos y decisiones de negocio, más allá del mero cumplimiento formal. A esto se suma el desafío institucional de la futura Agencia, que deberá consolidarse como una autoridad con legitimidad técnica y capacidad real de fiscalización. Considerando todo esto, creo que aún queda mucho por avanzar para generar esa conciencia. La ley incorpora un régimen diferenciado para pymes. Desde la mirada de la AGPD, ¿qué riesgos implica definir ese estándar solo con criterios económicos? ¿El tamaño debe importar menos que el riesgo real del tratamiento? Efectivamente, la nueva normativa chilena incorpora un régimen diferenciado para pymes, lo que constituye una innovación respecto de otras jurisdicciones, donde la lógica predominante es la proporcionalidad. Es un avance relevante, pero también abre desafíos. Uno de los riesgos que detectamos —y que presentamos ante la Comisión Asesora— es que definir pyme solo por un criterio económico deja fuera elementos esenciales del tratamiento de datos. La Agencia debe evaluar también el nivel de riesgo, el volumen y tipo de datos tratados, la pertenencia a un grupo económico, entre otros factores. Por ejemplo: un startup con bajo ingreso pero que procesa grandes volúmenes de datos; un pequeño centro médico que maneja información de salud; o una ONG que trata datos de menores o personas vulnerables. Todas pueden tener ingresos reducidos, pero realizan tratamientos altamente complejos desde la perspectiva de la protección de datos. En Europa existen herramientas simplificadas para PYMES, como
En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, Flavio Quezada, abogado y coordinador de las XXI Jornadas de Derecho Administrativo, que se realizarán el 27 y 28 de noviembre de 2025 en la Universidad de Tarapacá, profundiza en los fundamentos dogmáticos del encuentro, la relevancia del servicio público en el derecho administrativo chileno y los desafíos que plantea reflexionar desde la macrozona norte.
A más de cuatro décadas del trabajo del Grupo de Estudios Constitucionales, conocido como el Grupo de los 24, su legado vuelve a cobrar fuerza. En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Manuel Campos, reflexiona sobre la vigencia de las ideas de este colectivo intelectual que, durante la dictadura, propuso una alternativa democrática al texto de 1980 y que, según él, sigue marcando el debate actual.
El 26, 27 y 28 de noviembre se realizarán las “XII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, organizadas por un consorcio de 12 facultades de Derecho junto al Instituto Chileno de Derecho Procesal y alojadas en la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia. La edición tendrá como eje temático “La tutela cautelar en Chile”, un ámbito clásico del proceso que no había sido abordado monográficamente en versiones anteriores.
La entrada en vigencia de la Ley 21.733 transforma el estándar de protección de datos en Chile y obliga a empresas y organismos públicos a modificar su forma de trabajar. En conversación con Actualidad Jurídica, Nicolás Yuraszeck, abogado de Fernández & Yuraszeck Abogados, analiza los principales desafíos de implementación, los errores más habituales que anticipa en los primeros meses y la importancia de adoptar una mirada integral del cumplimiento.
Durante las XIV Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho, el abogado y magister en Derecho Ambiental, Vladimir Riesco, cuestionó que, aunque el SBAP moderniza parte del sistema de conservación, la eliminación de los Santuarios de la Naturaleza como categoría penalizable implica un retroceso concreto en protección efectiva.
En conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, Dasmara Riffo, presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Austral de Chile, sede Valdivia, y parte del comité organizador de las Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho 2025, reflexiona sobre el rol de las facultades en la formación de juristas ambientales, el peso que tiene la autogestión estudiantil en la construcción de pensamiento crítico y la importancia de vincular la normativa con sus efectos concretos en el territorio.
Un dictamen de 16 de abril reconsideró la doctrina administrativa previa sobre la implementación de la reducción de jornada de 44 a 42 horas semanales.
El tribunal sostuvo que el recurso de queja no constituye una instancia de revisión del fondo y que la sola discrepancia con la interpretación jurídica de los jueces no configura falta o abuso grave.
El fallo concluyó que la revocación de la prórroga de una contrata, antes del inicio del nuevo período anual, no afectó un derecho adquirido en el caso.
