jurisprudencia

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El máximo tribunal validó la actuación de la Dirección General de Movilización Nacional, al considerar suficiente el vencimiento del producto para ordenar su destrucción bajo la Ley de Control de Armas.

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El máximo tribunal ratificó que la acción cautelar no es la vía idónea para impugnar la caducidad de una resolución ambiental, existiendo recursos administrativos y reclamación ante tribunales ambientales.

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El máximo tribunal estimó que el acto administrativo que puso término anticipado a la contrata de un funcionario municipal se encontraba debidamente fundado en una reestructuración organizacional y en la eliminación de la unidad que dirigía.

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El máximo tribunal concluyó que el recurso fue presentado fuera del plazo de 30 días desde que el jugador tuvo conocimiento de las sanciones disciplinarias impuestas por la organización deportiva.

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La Tercera Sala estableció que la Ley N° 20.009 se aplica incluso cuando el usuario es engañado para entregar sus claves, y calificó de ilegal la negativa del banco a restituir.

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El máximo tribunal estableció que un funcionario con menos de cinco años de servicios no adquiere la expectativa de estabilidad derivada del principio de confianza legítima, por lo que la administración puede poner término anticipado a la contrata si el acto está debidamente motivado.

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El máximo tribunal rechazó los recursos de casación interpuestos contra la sentencia que condenó a ex ejecutivos de Empresas La Polar a indemnizar los perjuicios sufridos por los fondos de pensiones administrados por AFP Provida.

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La Cuarta Sala dejó sin efecto resoluciones que habían declarado incompetente al tribunal laboral para conocer una demanda de 106 docentes contra la Municipalidad de Santa Bárbara.

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La Tercera Sala revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán y rechazó el recurso deducido contra el Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado. El fallo concluyó que la expulsión se ajustó al reglamento interno y que el procedimiento respetó las garantías básicas de defensa.

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El máximo tribunal estableció que no puede aplicarse el plazo de caducidad del artículo 168 del Código del Trabajo cuando la existencia de la relación laboral es objeto de controversia y aún no ha sido determinada judicialmente.

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