La nueva normativa establece un modelo intersectorial liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y consagra, por primera vez, el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.
Se modifica la Ley General de Servicios Eléctricos e incorpora definiciones y disposiciones específicas sobre categorización, coordinación y tarificación de sistemas no interconectados.
La reforma a la Ley General de Educación incorpora una prohibición general con excepciones específicas y fija su vigencia al inicio del año escolar 2026, con plazo hasta el 30 de junio de 2026 para adecuar los reglamentos internos.
Se fija un calendario progresivo para que los órganos sectoriales den cumplimiento a las obligaciones legales, habilitando la tramitación digital de autorizaciones a través del Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales, SUPER.
La nueva ley modifica la Ley de Tránsito, el seguro obligatorio y el Código del Trabajo, reforzando la declaración jurada de idoneidad física y psíquica para conducir y endureciendo las consecuencias jurídicas ante declaraciones falsas.
Se fija reajustes generales de remuneraciones, concede bonos y aguinaldos para 2026 y modifica diversos cuerpos legales aplicables a trabajadoras, trabajadores y pensionados del sector público.
La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental formalizó un criterio técnico que uniforma la evaluación de proyectos de data center, precisando impactos, tipologías de ingreso y exigencias ambientales bajo la Ley 19.300.
La nueva ley declara correctamente pagados los montos abonados en exceso por incremento previsional y ordena cerrar los procesos pendientes originados por estos cobros.
La Tercera Sala impuso suspensión de un mes y multa de 5 UTM a una abogada por incorporar referencias doctrinarias no verificadas en un recurso de casación en el fondo.
La trabajadora buscaba revertir el efecto liberatorio de un finiquito respecto de acciones de declaración de relación laboral, unidad económica y nulidad del despido.
