Se fija reajustes generales de remuneraciones, concede bonos y aguinaldos para 2026 y modifica diversos cuerpos legales aplicables a trabajadoras, trabajadores y pensionados del sector público.
La Ley N° 21.806, publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 2026, estableció un reajuste general de las remuneraciones del sector público, junto con la concesión de bonos y aguinaldos y la modificación de múltiples cuerpos legales vigentes. La norma dispone un aumento de 2,0 % a contar del 1 de diciembre de 2025 y un incremento adicional de 1,4 % a partir del 1 de junio de 2026, aplicable a remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles o no imponibles.
El reajuste alcanza a las trabajadoras y los trabajadores del sector público, incluidos los profesionales regidos por la Ley N° 15.076 y el personal asistente de la educación pública. La ley también extiende estos porcentajes a directoras, directores, educadores de párvulos y asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, vía transferencia de fondos a servicios locales de educación pública o a municipalidades y corporaciones municipales. Quedan excluidos del reajuste quienes negocian colectivamente conforme al Código del Trabajo, quienes perciben remuneraciones fijadas o pagadas en moneda extranjera, las asignaciones del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, y las personas comprendidas en el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República.
Junto al reajuste general, la Ley 21.806 concede beneficios económicos específicos para el año 2026. Entre ellos, establece un bono de invierno de $81.257, pagadero en el mes de mayo de 2026, destinado a pensionadas y pensionados que cumplan los requisitos previstos en el artículo 4 del cuerpo legal. Asimismo, otorga aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad para el año 2026, fijando montos base y reglas de incremento por causantes de asignación familiar o maternal, y determinando expresamente que dichos beneficios no constituyen remuneración ni renta para ningún efecto legal.
Desde el punto de vista normativo, la ley combina disposiciones de vigencia anual con modificaciones a cuerpos legales permanentes, actualizando montos, plazos y referencias temporales que se encontraban asociadas a los años 2024 y 2025. En este contexto, se introducen ajustes a leyes como la N° 21.724, N° 19.429, N° 19.378 y N° 21.526, entre otras, con el objeto de armonizar sus disposiciones con el nuevo período presupuestario. La norma también prorroga facultades excepcionales en materia de jornada y registro horario respecto de universidades estatales, centros de formación técnica del Estado y gobiernos regionales, estableciendo la obligación de dictar los actos administrativos correspondientes, implementar sistemas de control horario y remitir informes a los órganos que la propia ley determina, dentro de los plazos expresamente fijados.
