El máximo tribunal revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y rechazó un recurso de protección por haber sido dirigido contra concejales individualmente y no contra la municipalidad representada por su alcaldesa.
El 5 de enero de 2026, la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió el Rol N° 23.211-2025, revocando una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había acogido un recurso de protección interpuesto por una funcionaria municipal removida de su cargo. La Corte Suprema rechazó la acción por falta de legitimación pasiva, al estimar que el recurso fue dirigido contra personas que no eran jurídicamente responsables del acto impugnado.
Los hechos se originan cuando una administradora municipal fue removida de su cargo mediante un acuerdo adoptado por el concejo municipal en sesión celebrada el 12 de marzo de 2025. Dicho acuerdo fue posteriormente formalizado a través de un decreto alcaldicio dictado el mismo día. La funcionaria recurrió de protección alegando que su remoción vulneraba diversas garantías constitucionales, entre ellas la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, solicitando su reincorporación y el pago de remuneraciones.
La acción constitucional fue dirigida en contra de cinco concejales que votaron a favor de la remoción. La Corte de Apelaciones acogió el recurso, estimando que la decisión había afectado derechos fundamentales de la recurrente. Frente a ello, los concejales recurridos y la municipalidad interpusieron recurso de apelación ante la Corte Suprema, cuestionando, entre otros aspectos, que el recurso se hubiera dirigido contra autoridades individuales y no contra el órgano competente.
Al analizar el caso, la Corte Suprema precisó que el acto impugnado no era atribuible personalmente a los concejales demandados. La remoción fue acordada por el concejo municipal como órgano colegiado y ejecutada mediante un decreto suscrito por la alcaldesa, quien además representa judicial y extrajudicialmente a la municipalidad. Sobre esa base, el tribunal concluyó que la acción de protección debió dirigirse contra la alcaldesa en representación del municipio, y no contra concejales individualmente considerados. Esta incorrecta identificación del sujeto pasivo llevó a acoger la excepción de falta de legitimación pasiva y a rechazar el recurso, sin que la Corte entrara a pronunciarse sobre el fondo de las eventuales vulneraciones constitucionales alegadas. El fallo subraya la relevancia práctica de identificar correctamente a la autoridad recurrida cuando se impugnan decisiones adoptadas dentro de la estructura orgánica municipal.