El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad y afirmó que una denuncia anónima seria y verificable constituye indicio suficiente para habilitar el control de identidad conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal.
La Corte Suprema, en sentencia de 24 de noviembre de 2025, rol Nº8.923-2025, rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del imputado en la causa RIT 578-2024, confirmando la validez del control de identidad realizado por Carabineros en Villa Alemana el 4 de abril de 2024. El punto central fue determinar si la actuación policial se ajustó al artículo 85 del Código Procesal Penal (CPP), cuestión decisiva para la admisibilidad de la evidencia incautada.
El fallo mantiene la condena impuesta por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar por tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades y descarta vulneraciones a garantías fundamentales, consolidando el estándar jurisprudencial sobre indicios suficientes para controles de identidad.
Carabineros actuó válidamente a partir de una denuncia anónima seria, verificable y coherente con lo observado en el lugar, lo que despeja incertidumbres operativas para policías y litigantes al reforzar los parámetros de actuación del artículo 85 CPP.
El caso se origina en una comunicación policial recibida a las 16:30 horas, donde se reportó a un sujeto con vestimenta específica que estaría vendiendo drogas a escolares en la intersección de calle Buenos Aires con Paseo Latorre, en Villa Alemana. Al llegar al punto, los funcionarios encontraron a una persona que coincidía con la descripción inicial y, al realizar el control de identidad, incautaron diez bolsas con 9,2 gramos netos de cannabis y dinero en efectivo. El tribunal de fondo tuvo por acreditado que estos hechos encuadraban en el artículo 4° de la Ley Nº20.000, descartando la hipótesis de porte para consumo personal regulada en el artículo 50 del mismo cuerpo legal.
La defensa alegó que no existían indicios objetivos que habilitaran la actuación policial; que la denuncia anónima no bastaba para activar un control investigativo; y que, en todo caso, la evidencia solo acreditaba tenencia para consumo. En subsidio, cuestionó la calificación jurídica y pidió condenar solo por falta.
La Corte revisó la jurisprudencia consolidada en los roles SCS Nº19.113-2017, Nº29.596-2019, Nº41.240-2020, Nº35.167-2017 y Nº28.404-2024, reafirmando que lo determinante es si los antecedentes permiten construir un “indicio razonable” capaz de justificar la restricción temporal de libertad. Lo relevante es la aptitud del antecedente, no la cantidad de señales. La denuncia anónima, cuando cumple estándares de seriedad y verosimilitud, puede constituir dicho indicio.
La ratio decidendi de la sentencia está en que el artículo 85 CPP no exige que los policías observen directamente una conducta delictiva, sino la existencia de indicios —“señas, síntomas o asomos”— apreciables ex ante, cuya razonabilidad puede ser controlada posteriormente por la judicatura. El tribunal aplicó ese estándar, confirmando que la descripción precisa del denunciante, la coincidencia empírica del imputado y la presencia de menores que se retiraron al advertir la llegada policial son antecedentes suficientes para habilitar la diligencia.
En cuanto al fondo penal, la Corte rechazó la tesis de consumo personal, enfatizando que la distribución en diez bolsas y la ausencia de elementos asociados al uso inmediato refuerzan la hipótesis de tráfico en pequeñas cantidades. Intentar revalorar la prueba —advirtió el tribunal— excede los márgenes de la nulidad del artículo 373 letra b) CPP.