El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago analiza la admisibilidad de dos reclamaciones presentadas contra la aprobación del proyecto inmobiliario Maratué, que contempla la construcción de hasta 14.180 viviendas en Puchuncaví, con una inversión estimada de US$2.000 millones y un desarrollo proyectado a 45 años.
Las acciones fueron interpuestas después de que el Comité de Ministros ratificara, el pasado 13 de abril, la Resolución de Calificación Ambiental favorable otorgada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso en octubre de 2024 y rechazara las reclamaciones administrativas formuladas contra la iniciativa.
Una de las presentaciones fue realizada por 23 personas naturales representadas por la ONG Defensa Ambiental. La segunda fue interpuesta en representación de la activista Katta Alonso, fundadora de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero-Puchuncaví.
Entre los principales cuestionamientos se encuentran la disponibilidad de agua para abastecer el proyecto, el tratamiento de las aguas servidas y la consideración de las observaciones ciudadanas durante la evaluación ambiental. Los reclamantes sostienen que no existiría suficiente certeza técnica sobre el suministro hídrico en una zona afectada por escasez y vulnerabilidad ambiental.
Asimismo, plantean que la autoridad no habría respondido adecuadamente las observaciones formuladas durante el proceso de participación ciudadana y solicitan al tribunal dejar sin efecto la resolución del Comité de Ministros y revisar la autorización ambiental del proyecto.
Maratué obtuvo una primera RCA en 2019. Sin embargo, en 2021 el Comité de Ministros ordenó retrotraer parcialmente su evaluación para revisar cuatro materias, proceso que derivó en una nueva calificación favorable en 2024.
Desde la empresa señalaron que la iniciativa se emplaza en terrenos definidos como urbanos por la planificación vigente y que cumplió con las exigencias formuladas por las autoridades. El titular afirmó que defenderá el proyecto ante el tribunal y destacó que más del 50% de sus 1.015 hectáreas se destinaría a áreas verdes, corredores ecológicos y espacios de conservación.
Mientras el tribunal no resuelva la admisibilidad y el fondo de las reclamaciones, la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto se mantiene vigente.
