El mensaje presidencial ingresado el martes 6 de enero a la Cámara de Diputadas y Diputados fija el reajuste general de remuneraciones, consolida aguinaldos y bonos permanentes y extiende normas laborales clave para el sector público durante 2026.
El martes 6 de enero de 2026 ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el boletín N° 18036-05 que inicia un proyecto de ley de reajuste general de remuneraciones del sector público. La iniciativa, enviada por el Presidente de la República con fecha 5 de enero, propone un reajuste total de 3,428%, junto con una batería amplia de bonos, aguinaldos y ajustes normativos que impactan directamente en ingresos, condiciones laborales y políticas de personal del Estado durante 2026.
El eje central del proyecto está en el reajuste general de remuneraciones. El artículo 1 establece un aumento de 2,0% a contar del 1 de diciembre de 2025 y un segundo reajuste de 1,4% desde el 1 de junio de 2026, configurando un alza total de 3,428%. Este reajuste se aplica a remuneraciones, asignaciones y beneficios, imponibles o no, y se extiende a asistentes de la educación pública, personal de educación parvularia financiada vía JUNJI y funcionarios regidos por la ley N° 21.109. En el caso de las universidades estatales, se faculta el reajuste respetando su autonomía financiera, tomando como referencia el reajuste del sector público.
El proyecto consolida, además, el carácter permanente de los aguinaldos regulados por la ley N° 21.724. En Navidad 2025, el monto será de $71.206 para quienes tengan remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493 y de $37.666 para quienes superen ese umbral. Para Fiestas Patrias 2026, el aguinaldo alcanzará $91.682 y $63.645, respectivamente. Ambos beneficios son no imponibles ni tributables, con reglas claras de financiamiento fiscal o institucional según el tipo de servicio. A ello se suma el bono de vacaciones permanente, reajustado a $112.915 o $56.457 según tramo de ingresos, y un bono especial por una sola vez de $150.000 o $75.000 para trabajadores del sector público, según remuneración líquida de noviembre de 2025.
En materia de apoyo familiar, el proyecto fija el bono de escolaridad en $89.164 por carga, pagadero en dos cuotas en marzo y junio de 2026, y una bonificación adicional de $37.666 para trabajadores con remuneraciones líquidas iguales o inferiores a $1.060.493. Estos beneficios se extienden a asistentes de la educación y al personal académico y no académico de universidades estatales. Se actualizan, además, topes de remuneración bruta para acceder a estos beneficios, fijándolos en $3.511.800.
El texto legal incorpora normas laborales y de gestión con efectos estructurales. Destaca la prórroga de la facultad de teletrabajo hasta el 31 de diciembre de 2028 para servicios públicos, universidades estatales, centros de formación técnica estatales y gobiernos regionales, con exigencias de control y reporte a la Dirección de Presupuestos. Se refuerzan también las reglas de asociaciones de funcionarios, precisando la indemnidad de remuneraciones de dirigentes y estableciendo plazos para audiencias con autoridades.
El proyecto avanza, además, en materias de incentivo al retiro, ampliando plazos excepcionales para 2026, extendiendo beneficios a funcionarios que cumplen 75 años y reforzando mecanismos de financiamiento. Se incorporan ajustes en remuneraciones mínimas para auxiliares, administrativos y técnicos, incrementos de asignaciones específicas, protección penal reforzada para funcionarios públicos y medidas de protección a la maternidad en el sector salud.
