Los convenios se otorgarán por un plazo máximo de 36 meses, para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas.
El 28 de agosto ingresó a la Cámara de Diputados el Boletín Nº 16.218-05, proyecto de ley iniciado como mensaje por el Presidente de la República que crea convenios de pago para alivianar la deuda asociada a los préstamos solidarios para transportistas contemplados en las leyes Nº 21.256 y Nº 21.323.
La nueva propuesta establece que, por un período de seis meses desde la publicación en el Diario Oficial, la Tesorería General de la República podrá otorgar convenios de hasta 36 meses para el pago en cuotas periódicas, mensuales y sucesivas de los préstamos solidarios contemplados en la ley N° 21.256, que Establece Medidas Tributarias que Forman Parte del Plan de Emergencia para la Reactivación Económica y del Empleo en un Marco de Convergencia Fiscal de Mediano Plazo, y la ley N° 21.323, que Establece Un Nuevo Bono Clase Media y Un Bono Solidario para la Protección de los Ingresos de la Clase Media, respectivamente.
En este contexto, la iniciativa señala que a la fecha de suscripción del convenio, el Servicio de Tesorerías convertirá la deuda indicada o el saldo remanente de pago, de unidades de fomento a pesos. Dichos convenios de pago no generarán reajustes, intereses ni multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente el mismo. A este beneficio pueden optar todos los contribuyentes beneficiados por las leyes mencionadas, tengan o no convenios de pago vigentes, o se encuentren parcial o totalmente incumplidos.
Con esto, el Servicio de Tesorerías regulará, mediante instrucciones internas, las reglas generales y uniformes para la aplicación de los beneficios establecidos anteriormente.
En caso de que los convenios queden sin efecto por falta de cumplimiento conforme a las instrucciones referidas, el proyecto de ley indica que las deudas se fijarán nuevamente en unidades de fomento a la fecha de la caducidad del convenio, para efectos de su recaudación y cobro, pero no generará otros recargos legales.
Por otro lado, el proyecto de ley establece que la Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes para obtener el reintegro del préstamo que haya sido otorgado de acuerdo a la Ley N° 21.256, que Establece Medidas Tributarias que Forman Parte del Plan de Emergencia para la Reactivación Económica y del Empleo en un Marco de Convergencia Fiscal de Mediano Plazo, y de la Ley N° 21.323, que Establece Un Nuevo Bono Clase Media y Un Bono Solidario para la Protección de los Ingresos de la Clase Media, respectivamente.
Así, la iniciativa señala que estas acciones se someterán a las reglas generales del Código Tributario. Para estos efectos, constituyen título ejecutivo, por el solo ministerio de la ley, las nóminas de beneficiarios en mora, emitidas bajo la firma del Tesorero Regional o Provincial que corresponda. El Tesorero General de la República determinará por medio de instrucciones internas la forma y soporte en que deben prepararse las nóminas de beneficiarios en mora, como asimismo todas las actuaciones o diligencias administrativas que deban llevarse a efecto.