Gracias a la llegada de la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen), la actividad laboral mundial vive la transformación más grande desde la Revolución Industrial. La automatización de labores tradicionalmente realizadas por humanos nos enfrenta hoy al dilema entre el costo social del reemplazo laboral y las promesas de eficiencia y productividad. Este debate ya no ocurre en el vacío: comienza a cruzarse con decisiones regulatorias concretas que buscan ordenar el uso de estas tecnologías sin frenar su despliegue.
Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 47 % de las tareas hoy son íntegramente realizadas por humanos, proyectándose una reducción al 33 % hacia 2030. Las tareas más amenazadas son las repetitivas y rutinarias, afectando especialmente empleos en ventas, funciones administrativas y servicios financieros. Este escenario explica por qué distintos países han optado por marcos regulatorios basados en el riesgo y no en prohibiciones generales, conscientes de que la sustitución tecnológica no es homogénea ni lineal.
En Chile, el 46% de los empleos corre riesgo de automatización[1]. Los grupos más expuestos son mujeres en trabajos administrativos, trabajadores de quintiles intermedios de ingreso y oficios de baja cualificación. Este dato adquiere una dimensión adicional cuando se considera que el país avanza hacia una regulación de la inteligencia artificial que exige supervisión humana, transparencia y rendición de cuentas, principios que impactarán directamente en cómo las empresas implementan estas tecnologías en el mundo del trabajo.
Encuestas recientes muestran que un 34% de los trabajadores teme que la automatización[2] y la inteligencia artificial provoquen una pérdida significativa de puestos de trabajo en el corto plazo. Este temor no es infundado. Si la implementación de IAGen no se realiza de manera inclusiva, puede profundizar brechas de edad, género, origen social y acceso a capacitación. Aquí emerge una tensión clave: regular para proteger derechos sin generar barreras que terminen excluyendo justamente a quienes más necesitan reconversión laboral.
Frente a este escenario, se vuelve imprescindible alinear políticas públicas y privadas de capacitación continua. Chile, a través de su Política Nacional de Inteligencia Artificial, busca promover habilidades de uso, desarrollo y análisis crítico de la IA en la fuerza laboral, junto con la Estrategia Nacional de Prospección Laboral orientada a anticipar la oferta y demanda de trabajo. Este esfuerzo dialoga con el debate legislativo actual, que reconoce la necesidad de promover innovación tecnológica y no solo de mitigar riesgos.
En el sector privado, el caso de Amazon ilustra el extremo de esta transformación: 1,65 millones de personas empleadas conviven hoy con cerca de un millón de máquinas operativas, en una proporción que tiende al equilibrio. No es casual que grandes actores tecnológicos hayan manifestado reparos frente a regulaciones excesivamente rígidas, advirtiendo que ciertas obligaciones podrían afectar la velocidad de adopción y experimentación, especialmente en contextos altamente competitivos.
Esta nueva realidad abre también una oportunidad concreta de reconversión laboral. Para ello, sectores público y privado deben fomentar incentivos a la capacitación permanente en herramientas tecnológicas, promoviendo un modelo colaborativo humano–IA. Las consecuencias esperables incluyen aumento de productividad, mayor eficiencia, reducción de rotación y mayor flexibilidad en modalidades remotas e híbridas. El desafío regulatorio consiste en acompañar este proceso con institucionalidad sólida pero flexible a la innovación, evitando que la norma se convierta en un freno o, en el extremo opuesto, en una declaración simbólica sin capacidad real de implementación.
El desafío, en definitiva, es actuar con rapidez y coordinación. La inteligencia artificial no debe ser vista como una fuerza que inevitablemente reemplaza al ser humano, sino como una tecnología que, bien gobernada, puede liberar tiempo para actividades de mayor valor: pensamiento estratégico, habilidades sociales, liderazgo y una mejor calidad de vida. Regular la IA no es congelar su avance, sino establecer marcos de confianza que permitan que esta colaboración sea socialmente sostenible.
[1] Centro de estudios públicos, CEP, Automatización laboral: diagnósticos y desafíos, utilizando Encuesta PIAAC 2015 y la ENE.
[2] Estudio de Activa Research en conjunto con red internacional WIN (Worldwide Independent Network) sobre IA en 40 países, con una muestra de 30.980 entrevistas.
