La propuesta del Gobierno de reducir gradualmente el impuesto de primera categoría desde 27% a 23% volvió a instalar el debate sobre la competitividad tributaria de Chile frente a otras economías.

Actualmente, la tasa que pagan las empresas en Chile se ubica por sobre el promedio de los países de la Ocde, que alcanza 24%, y también supera ampliamente el promedio de América Latina, el Caribe y el nivel mundial, donde el tributo corporativo llega a 21%.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo contempla una reducción gradual para las grandes empresas durante tres años. De concretarse, la tasa bajaría a 25,5% en 2027, a 24% en 2028 y a 23% en 2029.

En el caso de las pymes, se mantendría una tasa reducida de 12,5% entre 2026 y 2027, y de 15% en 2028, siempre que cumplan determinados requisitos. Según el Gobierno, la medida beneficiaría a cerca de 150 mil empresas que concentran el 90% de la inversión y emplean a más de 5 millones de personas.

Uno de los principales argumentos a favor de la rebaja es que Chile se ha ido alejando de la tendencia internacional durante los últimos años.

Mientras en 2010 el impuesto corporativo chileno era de 17%, en 2018 llegó a 27%, nivel que se ha mantenido hasta ahora. En paralelo, el promedio de la Ocde bajó de 25% a 24% y el de América Latina y el Caribe pasó de 23% a 21%.

De los 38 países que integran la Ocde, Chile se ubica entre los 10 con las tasas corporativas más altas. Francia encabeza la lista con 36%, seguido de Colombia con 35% y Portugal con 31%. Chile aparece junto a economías como Nueva Zelanda, Alemania, Australia, México y Japón entre los países con mayores impuestos a las empresas.

Pese al amplio respaldo que genera una eventual rebaja del impuesto, no existe consenso respecto de cómo compensar la menor recaudación fiscal que implicaría la medida.

Se estima que la reducción a 23% tendría un costo cercano a US$ 1.800 millones anuales en régimen. La apuesta del Ejecutivo es que parte de esa merma se compense mediante un mayor crecimiento económico e inversión.

Sin embargo, distintos especialistas coinciden en que una baja de impuestos por sí sola no garantiza un repunte de la inversión. También influyen factores como la estabilidad regulatoria, la burocracia, la permisología y la certeza jurídica para desarrollar proyectos.