El tipo de gobierno está dentro de los principales debates en el proceso constitucional actual. En ese sentido, los comisionados proponen reforzar la figura del Presidente de la República, además de mejorar las atribuciones del Congreso Nacional, pero sin disminuir las facultades del mandatario de turno.
Dentro de las encrucijadas de la política chilena se encuentra el sistema de gobierno presidencial, un modelo que ha sido fundamental en la configuración de la nación desde su independencia.
Con una historia que abarca altibajos, logros democráticos y desafíos pendientes, esta forma de gobernar ha forjado la identidad política y social del país.
En democracia existen tres formas de gobierno; presidencial, parlamentario y semipresidencial.
Particularmente Chile es un ejemplo de gobierno presidencialista. La Constitución Política dispone -en el Capítulo IV, artículo 24- que el gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República como Jefe de Estado. Es decir, el mandatario tiene facultades exclusivas, como la de designar ministros y tomar decisiones ejecutivas sin depender de la aprobación legislativa.
En medio del proceso actual de redacción de una nueva Constitución, el gobierno presidencial se encuentra en el epicentro de una serie de discusiones y decisiones que marcarán el rumbo del país para los próximos años.
De esta forma, con la mirada puesta en cambios y reformas, el sistema presidencial chileno está siendo sometido a pruebas y transformaciones en paralelo con las demandas de la sociedad, que busca un sistema político más inclusivo y representativo.
En ese sentido, la Comisión Experta concordó en que se deben seguir respetando los tres poderes del Estado independientes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, lo que cerró ciertas posibilidades de discusión sobre un eventual cambio en el sistema presidencial que rige actualmente, optando por mantenerlo, pero aplicando mejorías.
El sistema político considera tres subsistemas interdependientes; partidos políticos, electoral y la relación del Ejecutivo con el Congreso, los cuales se encuentran en la propuesta de la Comisión Experta, articulados con el fin de dar gobernabilidad al país, para que los gobiernos puedan llevar a cabo el programa para el que fueron electos.
Además, los expertos están buscando, vía norma constitucional, reforzar el peso de los partidos políticos, con umbrales mínimos de votación y un inédito sistema de órdenes de partido para casos excepcionales.
El director de Magister en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, dice que los comisionados –a partir del borrador presentado- proponen fortalecer la figura presidencial, manteniendo de manera esencial las atribuciones de la Carta Fundamental vigente, pero sumando dos facultades importantes.
Una de ellas es la opción por la vía de decretos de reorganizar ministerios y servicios públicos al iniciar su mandato. Esto le daría la posibilidad al Ejecutivo de poner los acentos, los énfasis y las capacidades técnicas en aquellas áreas donde su programa de gobierno tienen puestas las prioridades.
Como segundo punto, se propone definir una agenda legislativa prioritaria con obligación de tramitación en el trascurso de un año, algo que sería inédito y buscaría que los gobiernos puedan priorizar una agenda de reformas -cualquiera esta sea-, y poder “obligar” al Congreso a dar tramitación.
En definitiva, las atribuciones del presidente se mantendrían de una manera similar a las que tiene nuestra actual Constitución, pero con algunos elementos que no deberían moderar en exceso el poder del Presidente de la República.
Por otra parte, se están barajando propuestas para avanzar respecto a las atribuciones del Congreso Nacional, precisamente en cuanto a la fiscalización política y a la presentación de la discusión legislativa.