21-07-2024
HomeEducación CívicaLey N° 21.592 Conoce más sobre la Ley que establece un Estatuto de protección en favor del denunciante

Ley N° 21.592 Conoce más sobre la Ley que establece un Estatuto de protección en favor del denunciante

La presente ley fue publicada en el Diario Oficial el 21 de agosto del año 2023.

1.- ¿Cuál es el objeto de esta ley?

Establecer un marco legal que proteja a los denunciantes que reporten infracciones en el sector público, proporcionando un canal de denuncia, medidas de protección, y mecanismos para abordar posibles represalias.

2.- ¿Qué es el acceso a la protección del denunciante?

 Es un derecho de todo denunciante, que garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo, que eventualmente podrían ser amenazadas como consecuencia de su denuncia o de su participación en los procedimientos propios de las investigaciones respectivas.

3.- ¿Cómo se efectuarán las denuncias?

Creó un canal de denuncia, el cual será administrado por la Contraloría, mediante una plataforma electrónica, a efectos de que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas, incluyendo, entre otros, hechos constitutivos de corrupción, o que afecten, o puedan afectar, bienes o recursos públicos, en los que tuviere participación personal de la Administración del Estado o un organismo de la Administración de Estado.

Igualmente, la denuncia podrá realizarse a través de los canales electrónicos que los distintos órganos de la Administración puedan habilitar.

4.- ¿Qué contenido debe tener una denuncia?

a.) La identificación del denunciante. 

b.) El señalamiento del medio electrónico a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones.

c.) La narración circunstanciada de los hechos.

d.) La individualización de quienes los hubieren cometido y de las personas que los hubieren presenciado o que tuvieren noticia de ellos, en cuanto le constare al denunciante.

e.) La manifestación del denunciante de que su identidad tenga o no el tratamiento de reservada.

Agrega que además puede contener la solicitud de la aplicación de una o más medidas de protección en caso de que el denunciante estime necesario que su identidad se mantenga en reserva.

5.- ¿Cómo se gestionará la denuncia?

La Contraloría, con la denuncia, podrá:

– Ordenar a la autoridad dotada de potestad disciplinaria dar inicio a los procedimientos que correspondan, o

– Incoar directamente procedimientos disciplinarios en asuntos relevantes para el interés público (si de los hechos aparece la concurrencia de actos constitutivos de corrupción, o que afecten o puedan afectar bienes o recursos públicos). En tal caso deberá proponer a la autoridad que tenga la potestad disciplinaria las sanciones que, en definitiva, estime procedentes, o la absolución de los funcionarios. Establecida la responsabilidad disciplinaria por la Contraloría, la autoridad administrativa correspondiente podrá imponer una sanción distinta de la propuesta, mediante resolución fundada.

El acto administrativo que imponga la sanción deberá dictarse dentro del plazo de 30 días hábiles, contado desde que se hubiere tomado conocimiento del acto dictado por la Contraloría que aprueba el sumario y propone a la autoridad competente las respectivas sanciones que estime procedentes. La infracción de lo dispuesto será sancionada con censura o multa de hasta el 50% de su remuneración, la que será aplicada por la Contraloría General, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo.

– En aquellos casos en que no resulte aplicable lo señalado anteriormente la Contraloría deberá adoptar las medidas que correspondan con el objeto de que se persigan las responsabilidades de los involucrados, por parte de los órganos y tribunales competentes, de conformidad a la ley. O Si de los hechos revisten caracteres de delito, la Contraloría deberá denunciar dichos hechos ante los órganos persecutores competentes.

6.- ¿Se puede realizar una denuncia bajo reserva?

Si, de manifestar el denunciante la reserva de su identidad, del contenido de la denuncia y demás antecedentes de respaldo estos serán reservados desde su ingreso al Canal.

Agrega además si con motivo de la denuncia que debe efectuar la Contraloría para el inicio o desarrollo de la investigación resulta estrictamente indispensable dar a conocer a la institución competente la denuncia y demás antecedentes aportados por un denunciante que ha manifestado reserva de identidad, deberá siempre la Contraloría reservarse para sí la identidad del denunciante, y adoptar todos los resguardos necesarios para evitar su identificación por otras personas a partir de los datos y antecedentes de la denuncia.

7.- ¿Qué señaló en torno al deber de denuncia por parte del personal de la Administración del Estado?

El personal de la Administración del Estado tiene el deber de denunciar, con la debida prontitud, ante los órganos administrativos o judiciales que correspondan, los hechos de que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistan caracteres de delito o que sean constitutivos de faltas administrativas o infracciones disciplinarias.

8.- ¿Qué medidas preventivas de protección en favor del personal de la Administración del Estado se establecen?

El que formule una denuncia a través del Canal establecido en esta ley podrá solicitar a la Contraloría, en el momento de efectuarla o con posterioridad, la adopción de una o más de las siguientes medidas preventivas de protección:

a.) No ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, o del término anticipado de su designación o contrato, excepto que se funde en la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor.

b.) No ser objeto de medidas disciplinarias distintas de las previstas en la letra a.

c.) No ser trasladado de localidad, dependencia o de la función que desempeñe, sin su autorización por escrito. Sin perjuicio de lo anterior, no se podrán menoscabar sus condiciones laborales, ni el nivel, ni el cargo.

d.) No ser objeto de precalificación anual, si el denunciado fuese su superior jerárquico. Si no lo hiciere, regirá su última calificación para todos los efectos legales.

e.) Las demás medidas establecidas en estatutos especiales de protección al denunciante.

9.- ¿Quién concede las medidas preventivas de protección?

La Contraloría, y las mantendrá vigentes mientras subsista el riesgo de que puedan aplicarse represalias con motivo de la denuncia, incluso con posterioridad a la culminación de los procedimientos a que dieron origen los hechos denunciados.  

Además, la Contraloría podrá, de oficio o a petición de parte, modificar las medidas decretadas o disponer su cesación atendiendo a la vigencia de las circunstancias que justifican su concesión.

10.- ¿Cómo se tramitan las medidas preventivas de protección?

La resolución que conceda una medida preventiva de protección deberá ser notificada tanto al solicitante como al organismo de la Administración del Estado en el que aquel se desempeñe, a través de los mecanismos previstos en la ley Nº 19.880.

11.- ¿Qué ocurre en caso de incumplimiento o inobservancia de los deberes por parte de los funcionarios públicos, relacionados con la ejecución de medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción?

Generarán responsabilidades de tipo administrativo, civil y penal según sea el caso, y se sancionarán de acuerdo con las normas especiales de la materia.

12.- ¿Qué se estableció en torno a las represalias a causa de la denuncia efectuada por el personal de la administración del Estado?

 El que, a consecuencia de haber formulado una denuncia a través del Canal, o de haber participado en calidad de testigo en algún procedimiento penal o administrativo sancionatorio o disciplinario, hubiese sufrido represalias por una actuación o acto administrativo que afecte su indemnidad o estabilidad laboral, tendrá derecho a concurrir ante la Contraloría, dentro del plazo de 30 días hábiles contado desde su notificación, a objeto de que el órgano contralor, conociendo de estos hechos, califique si éstos han tenido el carácter de represalia con motivo de la denuncia o declaración y determine, en consecuencia, la existencia de vicios de legalidad que afecten la actuación o decisión del servicio u órgano.

Mismo derecho se establece en favor del que habiendo postulado a un concurso para ingresar a un cargo en la Administración del Estado, vea menoscabadas sus posibilidades de admisión, en razón de haber realizado una denuncia o participado en calidad de testigo

13.- ¿Cuándo se considerará que ha existido represalia y, por tanto, vicio de legalidad?

Respecto de aquellas actuaciones o actos administrativos que se hayan dictado con motivo de la denuncia o declaración y que sean arbitrarios o desproporcionados de acuerdo con los antecedentes fundantes de la actuación o acto; o constituyan una denigración u hostigamiento en contra del denunciante.

14.- ¿Se puede requerir protección judicial?

El personal de la Administración del Estado podrá elegir entre plantear esta alegación en la Contraloría o requerir directamente la protección judicial de sus derechos.

Planteada la alegación en la Contraloría, se interrumpirá el plazo para accionar de conformidad a lo dispuesto en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. Este plazo volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto de la Contraloría que resuelve la referida alegación.

15.- ¿Qué podrá hacer el órgano contralor?

Podrá dirigirse a cualquier persona, autoridad u organismo, con el fin de solicitar datos e informaciones que tengan relación con la actuación o acto administrativo respecto del cual se reclama o con hechos o circunstancias que hubieren incidido en su emisión, de conformidad a lo previsto en el artículo 9 de la ley N° 10.336, de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República.

 La resolución que se dicte en el marco de este proceso deberá ordenar al respectivo órgano, si corresponde, la invalidación de los actos o actuaciones contrarios a derecho y, en su caso, la instrucción de los procedimientos disciplinarios respectivos.

16.- ¿Qué establece sobre la cooperación eficaz?

Que se considerará como circunstancia atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos denunciados o permita la identificación de sus responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración de nuevos hechos.

17.- ¿En qué casos la circunstancia atenuante no se aplicará?

1.) Cuando solo resultare procedente la medida disciplinaria de destitución, de conformidad al estatuto funcionario aplicable al denunciante.

2.) Tratándose de autoridades que desempeñen un cargo de elección popular, de exclusiva confianza de éstos o de la autoridad facultada para efectuar su nombramiento y respecto de cargos de Alta Dirección Pública.

18.- ¿Las disposiciones de esta ley a que otros casos serán aplicables?

Las denuncias por hechos constitutivos de faltas administrativas o infracciones disciplinarias, y en los que tuviere participación alguna de las siguientes entidades o su personal:

a.) Las personas jurídicas sin fines de lucro creadas de conformidad a lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.175, de 2005, del Ministerio del Interior; y en los artículos 129 y siguientes de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, o;

b.) Las empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, o, en las mismas condiciones, representación o participación, siempre que no estén contenidas en el literal a) del artículo 1.

Comparte el contenido:
Etiquetas de Publicación