Se plantea reducir el déficit estructural de 3,3% del PIB en 2022 a un déficit de 0,3% del PIB en 2026.
El Diario Oficial publicó este 29 de junio el Decreto exento Nº 755 del Ministerio de Hacienda, que establece las bases de la política fiscal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal.
De esta manera, se plantea que la política fiscal que se llevará a cabo durante la presente administración presidencial, se guiará de acuerdo a una regla operacional, que corresponde al Balance Estructural, excluyendo para ello el efecto sobre las finanzas públicas de las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica y del precio del cobre, además de otros factores de similar naturaleza que pudieran detectarse más adelante; y a un ancla de deuda de mediano plazo, que otorgue predictibilidad a la dinámica de la deuda en el mediano plazo.
Según lo presentado en el decreto exento, ambos parámetros actúan conjuntamente y se complementan para conseguir el objetivo deseado de la sostenibilidad fiscal.
Adicionalmente, la cartera de Hacienda propone una perspectiva de sostenibilidad fiscal en términos de niveles prudentes de endeudamiento a mediano plazo. Para estos efectos, se impulsará un gasto público sostenible en el largo plazo, que permita la normalización de las finanzas públicas post pandemia, centrado en generar crecimiento económico y dinamismo a la estructura productiva.
Por otro lado, se promoverá el empleo de forma inclusiva y con enfoque de género, con el fin de impactar positivamente en el bienestar de la población, en especial aquella que se encuentre en situaciones de mayor vulnerabilidad, avanzando en la ampliación de derechos sociales.
Respecto a la meta de déficit estructural, el decreto exento señala que la situación de déficit estructural que enfrenta esta administración como punto de partida, un nivel prudente de deuda del 45% del Producto Interno Bruto y el mandato para la implementación del Programa de Gobierno, plantea reducir el déficit estructural comenzando con un déficit estructural de 3,3% del PIB en 2022, para llegar a un déficit estructural de 0,3% del Producto Interno Bruto el año 2026.
Finalmente, plantea que para sostener la situación patrimonial neta del sector público se mantendrán disponibles niveles de activos financieros que permitan hacer frente a compromisos fiscales futuros y a ciclos económicos adversos, derivados de desastres, emergencias sanitarias y de los efectos del cambio climático.
Asimismo, al definir las metas para el Balance Estructural a partir de un análisis de sostenibilidad de la deuda, se busca disminuir el ritmo de crecimiento de la deuda pública, lo que apunta a recuperar los niveles de riesgo país y bajo costo crediticio.