La integrante de la Red Ciudadana por los Humedales y de la Corporación Humedales de Angachilla, Montserrat Lara, expuso en las Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho sobre el rol de la evidencia comunitaria en la gestión y protección de humedales. En entrevista con Actualidad Jurídica: el blog de DOE, aborda la validación metodológica de los datos ciudadanos, el diseño normativo de la ordenanza de Valdivia, los aportes del mapeo participativo a la declaratoria del Santuario Angachilla y las dificultades actuales para ejecutar sentencias por daño ambiental.
En su recorrido histórico usted muestra cómo la ciudadanía produjo evidencia que luego empujó decisiones públicas. ¿Qué tipo de dato ciudadano pesa más hoy frente a la autoridad?
Más que el tipo de dato, lo importante es validar frente a la autoridad la metodología con que se toman los datos. Si uno justifica bien la forma en que se levantó la información y esta es coherente con el objetivo para el cual fue generada, la autoridad suele recibirla de buena forma y utilizarla. En el proceso de creación del Santuario de la Naturaleza Humedales de Angachilla, por ejemplo, se utilizaron datos sobre ubicación de usos, amenazas y valores de conservación generados mediante mapeo participativo con vecinos y vecinas, información que el Ministerio del Medio Ambiente consideró como antecedentes relevantes para la declaratoria.
En 2022 elaboramos un informe con cartografía detallada sobre áreas de daño e intervención dentro del Santuario, el cual fue tomado en cuenta por diversas autoridades para fiscalizaciones y para instaurar una mesa de trabajo que derivó, en julio de 2024, en el desarme de construcciones instaladas ilegalmente. Actualmente estamos realizando un monitoreo ciudadano de calidad del agua en siete puntos del Santuario utilizando la metodología internacional de Global Water Watch. Todavía no hemos entregado los resultados a la autoridad, pero ya tenemos hallazgos interesantes —y otros preocupantes— que esperamos presentar pronto.
Valdivia tuvo ordenanza de humedales antes de la Ley 21.202. ¿Qué diseño normativo replicaría en otras comunas y cuál reescribiría?
La ordenanza vigente es de 2022 y se ajusta a la Ley 21.202. Tiene varios elementos replicables: fue construida participativamente con ciudadanía, servicios públicos, privados y academia; establece la elaboración de una estrategia comunal de humedales elaborada bajo metodologías de Estándares para la Conservación, lo que permite ordenar y alinear toda la gestión local; incorpora la figura de inspectores municipales; extiende la aplicación de algunos artículos a humedales rurales y no solo urbanos; compromete la actualización periódica de un catastro comunal; contempla un fondo anual concursable para organizaciones sociales y ambientales; y obliga a la municipalidad a elaborar un Manual de Buenas Prácticas y Uso Sustentable. Además, incluye la figura de inspectores voluntarios para fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza, lo que aún no se implementa, pero es una iniciativa muy prometedora.
En la declaratoria del Santuario Angachilla, ¿qué aportó el mapeo participativo que la ciencia “formal” no estaba capturando?
El mapeo participativo permitió identificar con gran detalle los servicios ecosistémicos que el Santuario entrega al bienestar de las personas, especialmente los culturales, como oportunidades de recreación, educación, contacto con la naturaleza, belleza del paisaje y lugares con valor simbólico. También permitió visibilizar servicios de regulación, como el control de inundaciones, la regulación de temperatura y la purificación del agua, además de servicios de provisión vinculados a recolección de alimentos y fibras.
Sumado a lo anterior, permitió mapear amenazas presentes en el humedal, como disposición de residuos, rellenos y vertidos contaminantes. Gracias a las observaciones de los vecinos y vecinas, fue posible identificar la distribución de especies como el coipo, el huillín y diversas aves dentro del Santuario.
Usted mencionó el estancamiento en la ejecución de sentencias por daño ambiental. ¿Qué actor institucional es el que realmente activa la remediación en Chile?
En Valdivia existen tres casos en que privados demandados en 2019 por la Municipalidad de Valdivia fueron condenados por daño ambiental en los humedales Angachilla, Vuelta de la Culebra y Teja Sur. A pesar de que las sentencias ya declararon su responsabilidad, estas no se han cumplido y el daño no ha sido reparado. No soy abogada, pero entiendo que la Municipalidad, como demandante e interesada directa en la reparación, debería impulsar las acciones necesarias para que las sentencias se ejecuten.
En el caso de la circunvalación, los vecinos levantaron información que el Estado nunca hizo. ¿Qué dato concreto desarmó el trazado original?
El trazado original propuesto por el Estado, que atraviesa el Santuario entre Villa Galilea y Villa Claro de Luna mediante una conexión vial de 30 metros de ancho y 200 metros de extensión sobre un parque comunitario mantenido por vecinos, está hoy en proceso de análisis. El Minvu retrotrajo el proyecto a una etapa de prefactibilidad, decisión formalizada en un acuerdo firmado en abril de 2023 entre Minvu, MMA, la alcaldesa y las organizaciones sociales.
La pausa del proyecto se debe, en gran parte, al trabajo de las organizaciones vecinales que durante más de una década generaron información que demostraba lo inadecuado del trazado. Entre 2020 y 2021 realizaron un estudio ciudadano con encuestas sobre alternativas de conexión. Ese levantamiento mostró que la mayoría prefería un trazado alternativo utilizando el puente existente más al sur sobre el estero Angachilla, lo que cuestionó fuertemente la propuesta estatal.
Sobre monitoreos comunitarios de calidad de agua: ¿qué protocolo simple recomendaría para que cualquier barrio pueda replicarlo y lograr que el municipio deba actuar?
En el Santuario utilizamos la metodología de Global Water Watch, que permite monitorear parámetros físico-químicos como pH, temperatura, dureza, alcalinidad, turbidez y oxígeno; parámetros bacteriológicos como coliformes fecales; y macroinvertebrados como indicadores de contaminación. Es un método sencillo, replicable, de bajo costo, aprendible por cualquier persona y respaldado por estándares aprobados por la EPA. Requiere solo una capacitación breve y un kit básico de medición.
También existen otras herramientas comunitarias, como los kits Visocolor utilizados por comunidades mapuche en el Lago Ranco, o la mochila limnológica desarrollada por la iniciativa Vigilantes del Lago, que cumplen un rol similar para levantar evidencia confiable.