16-04-2021
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Participación Ciudadana y Legitimidad Democrática

La democracia se ha consagrado como la forma de gobierno más aceptada en el mundo y la que mejor asegura la participación de los individuos que la conforman. La democracia como concepto, se ha expandido y ha ido permeando las más diversas áreas de la vida de las personas de manera que, en la actualidad no sólo de gobernar se trata, sino también de una organización económica y social aplicable a la vida diaria de las personas, existiendo también, ciertos valores, actitudes y conductas que pueden calificarse como democráticas. Por esta razón, el concepto de democracia ha ido cambiando a través del tiempo, transformándose en un proceso, programa, requisito, valor, exigencia, ideal u objetivo, que implica una construcción permanente y un perfeccionamiento constante de las instituciones que le son propias, constituyendo una garantía de bienestar.

Esta nueva concepción de la democracia, tiene repercusión en las formas y procedimientos que se adoptan para tomar decisiones, los cuales necesariamente deben aparecer como revestidos de principios entre los que se encuentran la participación, la deliberación, la legitimidad y la inclusión. Estos fenómenos han sido denominados como de “ampliación de la democracia” y traen aparejada la modernización de las formas de actuación del Estado, buscando mejorar la calidad de esta forma de gobierno, particularmente, la relación que establece con ciudadanos y ciudadanas, quienes demandan cada vez más, poder participar, controlar e incidir en los procesos y decisiones que les incumben y de las cuales, son destinatarios finales y directos. En este sentido, la democracia se constituye en el régimen de la participación ciudadana y tal como lo señala Estévez (2008) “es necesario construir decisiones sustentables, que permanezcan en el tiempo y sean fecundas”, para lo que no hay otro camino mejor y más eficiente que el de la participación” (p.74).

De esta manera, tal como lo indicó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe Auditoría a la Democracia que realizó para Chile en el año 2014, el cual se destaca por tomar una fotografía verdaderamente certera de la realidad del país, que sólo constataríamos 5 años después con la ocurrencia de los hechos de octubre de 2019. Dicho informe, que en adelante citaré sus apartados más importantes relacionados con el diagnóstico sobre participación ciudadana, establece que “la forma como se diseñan e implementan políticas públicas importa tanto como el fondo para dotarlas de legitimidad por parte de la ciudadanía”. Se agrega además que, “tanto gobiernos como prácticas y procedimientos, si han de ser democráticos también deben ser participativos”, planteándose como característica innegable e inseparable del concepto de democracia, la participación ciudadana, la cual se exige de manera cada vez más fuerte, de modo que, “para el funcionamiento democrático es fundamental la participación ciudadana”, lo que implica el involucramiento de los ciudadanos en la vida pública y en el control de la actividad de las autoridades y representantes.

La participación, puede definirse de manera amplia, como “la intervención de la sociedad civil en la esfera de lo público” (Cunill, 1997) consistiendo en “tomar parte personal y libremente en el ámbito público” (Correa & Ruiz-Tagle, 2010), de modo que “la participación ciudadana está íntimamente vinculada a la capacidad de encontrarse en el espacio de discusión pública más próxima al ciudadano”, instalando “al ciudadano en el centro del ejercicio de la democracia” lo que, “implica hacerlo parte permanente de la toma de decisiones que lo afectan, y no solo invocar su calidad de ciudadano para ser parte de un proceso político delegativo, cada vez que es convocado a las urnas para votar” (Von Baer, 2014). Así, al consolidar la participación ciudadana se reconoce el derecho a “integrar las demandas ciudadanas en la formulación de políticas”, en tanto la participación “provoca que los individuos se conviertan en ciudadanos, incrementa su nivel de compromiso con los demás, facilita la consolidación democrática, favorece la resolución de los conflictos al interior de la democracia, crea y fomenta el capital social” (Martínez, 2004). De igual modo, la “presencia activa de la ciudadanía en el proceso decisorio en un contexto democrático implica crear mecanismos y canales apropiados para que exista un diálogo entre sociedad y gobierno”, por cuanto el ciudadano “también está obligado a participar en las decisiones públicas, tanto indirectamente (elecciones) como directamente (procedimientos participativos)” (Morales & Molinet, 2014).

De este modo, dentro del fenómeno denominado ampliación de la democracia, el cual se presenta como positivo, ya que, “la demanda por mejorar la democracia permite que ésta se profundice y que el proceso permanente de construcción democrática no se estanque” (PNUD, 2014, p.53). Así, esto no significa la disminución de las exigencias de cambios y reformas, por el contrario, éstas deben ir en aumento, como ha estado aconteciendo, corroborando que se trata de un sistema progresivo, en constante evolución y modernización.

En este contexto, se hace necesario incorporar temas y reformas participativas a las normas y políticas públicas, teniendo estos conceptos muy presentes, sobretodo frente al proceso constituyente que se nos avecina, ya que, el diagnóstico realizado por el PNUD en el año 2014, fue también una constatación que influyó en los hechos de Octubre de 2019 y es actualmente una premisa que debe guiar el actuar de las autoridades, pero fundamentalmente, debe guiar el proceso constituyente que redactará las reglas que regirán a largo plazo al país y que en definitiva, deben estar revestidas de la legitimidad democrática que sólo un proceso que sea efectivamente participativo puede otorgarles: En el caso chileno “la ciudadanía tiene un muy escaso margen de maniobra para la consulta pública sobre políticas y legislación en la práctica” (PNUD, 2014, p.236).

Referencias:

Caetano, G. & Estévez, F. (2008). Ciudadanía, Participación y Cultura. Santiago: LOM Ediciones.

PNUD. (2014). Informe Auditoría a la Democracia: Más y Mejor Democracia para un Chile Inclusivo. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Santiago: LOM Ediciones.

Cunill, N. & Gac, D. (2009). Espacios y Mecanismos de Participación Social instituidos por el Estado a nivel subnacional y su incidencia en la articulación de actores para la Descentralización. En “Ciudadanía, Territorio y Políticas Públicas. Pensando el Desarrollo con Democracia y Ciudadanía Territorial. Análisis de casos de Chile y Brasil” (2013). Santiago: Editorial Arcis.

Correa, S. & Ruiz-Tagle, P. (2010). Ciudadanos en Democracia. Fundamentos del Sistema Político Chileno. Santiago: Random House.

Morales, M. & Molinet, J. (Coord.) (2014). Participación Ciudadana: Entre la Pasividad y la Efervescencia. Temuco: Ediciones Universidad de La Frontera.

Martínez, M. (2004). La Representación Política y la Calidad de la Democracia. En Revista Mexicana de Sociología, Año 66, N° 4, Octubre-Diciembre, 2004, pp. 661-710. México, D. F.

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Escrito por

Abogada. Magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de la Frontera. Estudiante de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, España. Académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de La Frontera.