La negativa de la recurrida a proporcionar un medicamento indispensable para la sobrevida e integridad física del recurrente, sobre la base de consideraciones de índole administrativa y económica, ha incurrido en un acto arbitrario que amenaza una garantía fundamental.

Los contratos de salud deben conformarse a las normas vigentes, más aún cuando el ajuste tiene por objetivo resguardar la garantía constitucional de la igualdad.

Rechazó la acción de protección por perdida de oportunidad.

No se encuentra acreditado el supuesto de hecho del artículo 201 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud.

Dicha omisión provocó una vulneración de los derechos fundamentales del recurrente.

El acto recurrido no es la comunicación a la parte actora de la decisión de la recurrida de fijar el precio de la prima GES, sino la determinación de la Isapre de regular para todos sus beneficiarios dicha prima.

Con el objeto de que se le puedan suministrar las prestaciones debidas y tratamientos necesarios que permitan la rehabilitación de su salud mental.