En conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, la abogada Valeria Ruz, socia de FerradaNehme, aborda los avances y desafíos de la Ley de Permisos Sectoriales, destacando el potencial de la ventanilla única digital y el giro hacia una institucionalidad más coordinada, transparente y eficiente.

Desde su mirada experta, advierte que el éxito de esta transformación dependerá no solo de la normativa, sino también de una modernización cultural y técnica del aparato estatal. Además, subraya el rol clave que tendrán los equipos legales en este nuevo escenario: pasar de ser tramitadores a estrategas regulatorios.

¿Cómo evalúas la implementación de una “ventanilla única digital” como eje del nuevo sistema de permisos sectoriales? ¿Lo ves como un mecanismo viable en el corto plazo o todavía demasiado idealista frente a la fragmentación del aparato estatal?

La implementación de una ventanilla única digital (SUPER) es uno de los avances más significativos que introduce esta ley. Representa un cambio relevante hacia un Estado más coordinado y transparente en su relación con los titulares de proyectos. Tiene un gran potencial: unifica criterios, elimina duplicidades y permite controlar en tiempo real los procedimientos.

Dicho eso, ya existe en nuestra legislación un mecanismo de “ventanilla única”: el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para la obtención de autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de proyectos o actividades. Si bien el SEIA ha sido relevante en términos de articulación institucional, no ha logrado superar del todo la lógica de silos que caracteriza al aparato estatal.

Por tanto, el éxito de la SUPER en el corto plazo dependerá de la voluntad real de los órganos sectoriales para operar de manera coordinada. Aunque la ley establece la obligación de integrarse a la plataforma y prohíbe la duplicidad de requisitos, la transformación digital no es solo normativa: es también cultural y técnica. Será clave acompañar este proceso con capacitación, recursos tecnológicos y fiscalización activa desde la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.

La oportunidad es única: si se implementa bien, podría convertirse en una plataforma modelo. Hay que recordar, eso sí, que la plataforma requiere la dictación de un reglamento que contempla normas graduales para su implementación. La coordinación efectiva y la rapidez serán claves para su éxito.

Uno de los principios que impulsa esta nueva ley es la coordinación intersectorial. ¿Crees que se logró plasmar de manera efectiva o aún persiste una lógica de silos institucionales?

La ley avanza en instalar una lógica de coordinación intersectorial, no solo como buena práctica, sino como obligación. La creación del Comité de Autorizaciones Sectoriales e Inversión y de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión son señales claras de un nuevo diseño institucional.

Sin embargo, el verdadero desafío estará en su operación cotidiana. Su éxito dependerá del compromiso de los actores involucrados y de incentivos bien diseñados.

Hay una gran oportunidad para consolidar una gestión colaborativa del Estado, pero esto requerirá compromiso institucional y un seguimiento constante.

¿Cuáles dirías que son hoy las principales fricciones normativas que dificultan la tramitación eficiente de permisos? ¿Estas tensiones se resuelven con esta ley o requerirán ajustes posteriores más finos?

Más que fricciones normativas, hablaría de fricciones prácticas: demoras excesivas en la obtención de permisos y una sobrecarga de requisitos para obtenerlos. Desde el punto de vista normativo, la ley da pasos decisivos al establecer principios como estandarización, proporcionalidad y simplificación. También impone límites claros a los requisitos exigibles y permite tramitar autorizaciones en paralelo, lo que rompe con la lógica secuencial que muchas veces retrasa innecesariamente los proyectos.

Sin embargo, muchas fricciones provienen de las normativas sectoriales vigentes, que esta ley no modifica automáticamente. Aún existen duplicidades en normas sanitarias, forestales, patrimoniales o de transporte, que deberán armonizarse progresivamente. Además, la clasificación de autorizaciones por tipología y el ajuste de procedimientos sectoriales a la nueva ley es un proceso que debe ser completado por cada órgano.

La ley sienta las bases para una modernización regulatoria, pero esta no será instantánea. Requerirá revisiones técnicas, actualización de reglamentos e incluso ajustes en las formas de operar del Estado. La clave será mantener un monitoreo permanente de las fricciones y actuar con agilidad para resolverlas. En esto, la nueva institucionalidad tendrá un rol fundamental.

¿Qué rol crees que deben jugar hoy las consultoras legales y asesorías jurídicas frente a este nuevo escenario normativo? ¿Estamos ante un rediseño del rol tradicional del “abogado de permisos”?

Absolutamente. Estamos ante un rediseño del rol del abogado de permisos, que ahora debe convertirse en un estratega normativo e institucional. La ley exige una mirada transversal, comprensión del riesgo regulatorio y dominio de herramientas habilitantes como los avisos y las declaraciones juradas, que implican responsabilidad legal directa para el titular.

El abogado deberá anticipar y diseñar estrategias de tramitación eficientes, integrando aspectos ambientales, sectoriales, territoriales y digitales. También tendrá un rol cada vez más relevante en la consultoría preventiva y en el acompañamiento para el uso adecuado del sistema digital.

La ley plantea un nuevo estándar de legalidad que demandará equipos jurídicos más interdisciplinarios, proactivos y orientados a soluciones.

Uno de los grandes objetivos de la ley es fortalecer la transparencia y la trazabilidad. ¿Cómo lograr ese equilibrio sin convertir el proceso en un nuevo laberinto de requisitos para los solicitantes?

La clave está en que la trazabilidad no surja de nuevos trámites, sino del uso inteligente de la plataforma digital SUPER y de la obligación de interoperar información que el Estado ya posee.

Además, el principio de previsibilidad y la prohibición de imponer requisitos no establecidos en la normativa vigente protegen al solicitante frente a posibles arbitrariedades.

La ley tiene una estructura clara: la transparencia es para el control público, no para sobrecargar al titular. Aquí será fundamental que la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión fiscalice el cumplimiento de buenas prácticas y que el diseño de los formularios digitales refleje procesos simplificados.

¿Consideras que hay espacio —o urgencia— para incorporar de forma más explícita los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) dentro del régimen de autorizaciones sectoriales? ¿Qué ejemplos o experiencias podrían inspirar a Chile en esa dirección?

Sí, hay espacio. Hay que recordar que esta es una ley marco, y que requiere reglamentos en múltiples materias. Aunque no utiliza el lenguaje ESG de manera explícita, su diseño es perfectamente compatible con la incorporación progresiva de estos criterios, especialmente en las iniciativas de inversión estratégica y en el enfoque de riesgo.

Chile puede avanzar hacia una agenda ESG en materia de permisos, integrando criterios de impacto ambiental, equidad territorial, derechos humanos y gobernanza corporativa desde el diseño de los proyectos.

Modelos como el canadiense —con consulta temprana a pueblos indígenas— o los estándares de IFC, son referencias claras.

Ahora bien, el desafío es que esto no implique mayor burocracia ni retrasos innecesarios, y que no se convierta en una sobrecarga que atente contra el espíritu de la ley.