Si bien existe una presunción de veracidad respecto de los hechos constatados en el Acta de Fiscalización, estos deben tener un respaldo en el expediente administrativo.
La Segunda Sala descartó vulneraciones al debido proceso y confirmó la condena por fingimiento del cargo de abogado, junto con el delito de uso malicioso de documento privado falso.
La Tercera Sala impuso suspensión de un mes y multa de 5 UTM a una abogada por incorporar referencias doctrinarias no verificadas en un recurso de casación en el fondo.
