La resolución recurrida se dictó dentro de un procedimiento legalmente tramitado en que se han formulado cargos, se ha permitido el derecho de defensa y se ha concluido con una resolución fundada.
El 23 de febrero la Tercera Sala de la Corte Suprema en causa rol N° 175.396-2023 confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que rechazó la acción de protección deducida en contra de la Contraloría General de la República, Contraloría Regional de Valparaíso e Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
Cabe tener presente que se interpuso una acción de protección en contra de los organismos señalados anteriormente, debido a la dictación de los actos administrativos correspondientes a la Resolución N° E258875, de fecha 21 de septiembre de 2022 y Resolución N° E345711 de fecha 16 de mayo de 2023, ambas de la Contraloría Regional de Valparaíso, y el Decreto Alcaldicio N° 7.452 de 2022 de fecha 30 de junio de 2022, que ratifica la medida disciplinaria de destitución impuesta al recurrente. La recurrente señaló que dichos transgredieron las garantías constitucionales contenidas en los numerales 2,3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
La recurrente hace presente que en abril del año 2021 se instruyó un sumario administrativo en su contra debido a las denuncias de acoso laboral ejercidas por funcionarios de la Municipalidad, dicho sumario concluyó con el Decreto Alcaldicio N° 846 de 28 de enero de 2022 el que dispone su destitución, respecto del cual presentó el respectivo recurso de reposición el que fue posteriormente rechazado, notificándosele el Decreto Alcaldicio N°7.452 que ratifica la medida disciplinaria de destitución. En razón de lo anterior concurre ante la Contraloría Regional e interpone la correspondiente reclamación administrativa, la que es desestimada por resolución N° E258875, solicitando reposición de dicha decisión, la que también es rechazada.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la acción, debido a que se trata de un procedimiento administrativo legalmente tramitado en que se han formulado cargos, se ha permitido el derecho de defensa y se ha concluido con una resolución fundada, que aplica una sanción contemplada en la normativa pertinente.
Hizo presente que la resolución recurrida y revisada por el órgano competente si tenía los fundamentos de la decisión base. Por lo tanto, no existe acto u omisión ilegal ni arbitrario, sino que se trata de un conjunto de actuaciones y resoluciones ajustada a la legalidad y basadas en cargos y hechos racionalmente establecidos.
Apelada dicha decisión la Corte Suprema la confirmó.