El proyecto de reforma impulsado por el Gobierno incorpora medidas orientadas a mejorar la competitividad de la industria salmonera, entre ellas, cambios al régimen de relocalización de concesiones acuícolas.

Actualmente, cualquier traslado de concesiones debe ingresar obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La propuesta plantea eliminar esta exigencia para las denominadas microre localizaciones, es decir, ajustes acotados dentro de zonas cercanas que no implican aumentos en la superficie ni en la producción.

El Ejecutivo sostiene que el régimen vigente ha dificultado estos procesos, considerando que desde 2010 solo dos de más de mil solicitudes de relocalización han sido aprobadas, pese a su bajo impacto ambiental.

La iniciativa también apunta a homologar el tratamiento con otros sectores productivos, donde solo los cambios de mayor envergadura deben someterse a evaluación ambiental, mientras que los ajustes menores se canalizan mediante consultas de pertinencia.

En paralelo, el proyecto contempla reemplazar la caducidad de concesiones por no uso por el pago de una patente incrementada, con el objetivo de incentivar la continuidad de las operaciones.

Otra de las medidas busca agilizar la elaboración de informes técnicos clave para la industria, como los estudios de banco natural e informes ambientales.

Actualmente, estos informes son financiados por los titulares de proyectos, pero su ejecución depende de disponibilidad presupuestaria, lo que ha generado retrasos. La propuesta considera crear un mecanismo que permita encargarlos de forma más directa, con el fin de reducir los tiempos de tramitación.

Desde el sector salmonero valoraron las medidas, destacando que podrían contribuir a dar mayor certeza regulatoria y facilitar el desarrollo de la actividad.

Asimismo, se proyecta que estos cambios podrían tener efectos positivos en la producción, el empleo y el desarrollo regional, en línea con el objetivo del Gobierno de reactivar el sector acuícola.