En el marco del III Congreso Chileno de Derecho y Tecnología 2026, que se realizará los próximos 14 y 15 de mayo, el director del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Alberto Cerda, aborda los principales desafíos regulatorios del entorno digital, desde la protección de datos y la inteligencia artificial hasta la gobernanza de plataformas y la protección al consumidor.

En instancias académicas como el III Congreso Chileno de Derecho y Tecnología 2026 suele observarse una convergencia entre enfoques jurídicos, tecnológicos y regulatorios. ¿Qué valor le atribuye a este tipo de espacios en la construcción de respuestas frente a problemas complejos?

Chile dispone de un creciente número de profesionales, académicos e investigadores trabajando en la intersección del derecho y la tecnología. El Congreso es una oportunidad para generar aprendizaje, alentar el intercambio y explorar múltiples perspectivas para la resolución de desafíos emergentes.

Pero el Congreso es también un espacio de encuentro y de conformación de comunidad. Es el evento anual que reúne a una veintena de universidades, más de un centenar de panelistas y medio millar de personas, precisamente para reflexionar sobre la respuesta legal a problemas complejos en el ámbito de las tecnologías.

A la luz de su experiencia, ¿cuáles son hoy las discusiones más relevantes, o quizás aún insuficientemente abordadas, en el campo del derecho y la tecnología que deberían estar en el centro del debate legislativo?

En los últimos años, la discusión legislativa ha estado dominada por delitos informáticos, ciberseguridad y protección de datos personales. Todavía resta trabajo al respecto, desde la implementación reglamentaria hasta el desarrollo institucional. Es probable que, en los próximos años, sea pertinente evaluar esa legislación para determinar si es necesario introducir mejoras.

Al mismo tiempo, es necesario apurar la agenda legislativa para brindar certidumbre jurídica al desarrollo de la economía digital. En la experiencia comparada de países desarrollados, ello ha llevado a regular las plataformas en línea, los activos digitales, la inteligencia artificial y la protección al consumidor.

Estos temas, de un modo u otro, emergen como prioritarios en la agenda legislativa del país. De hecho, son algunos de los temas que dominan el programa del III Congreso Chileno de Derecho y Tecnología.

En el contexto chileno, la evolución normativa en materia de protección de datos parece inspirarse fuertemente en el modelo europeo. Desde una perspectiva de derecho comparado, ¿cuáles son los principales riesgos de trasplantar ese modelo sin considerar las condiciones institucionales locales?

Es efectivo que el modelo de regulación de los datos personales europeo ha influenciado significativamente la legislación nacional. Sin embargo, ese modelo también es consistente con el desarrollo del derecho constitucional en Chile y América Latina desde los años 50. Como resultado de ello, no es un trasplante que el sistema jurídico rechace, sino que incorpora rápidamente.

Con todo, hay ciertos riesgos, tales como la fragilidad democrática, la precariedad institucional y los limitados recursos disponibles. Estas circunstancias podrían mermar la protección de los datos personales e impedir que ese modelo genere en la región beneficios similares a los experimentados en Europa.

En varios de sus trabajos se advierte una preocupación por la efectividad de los derechos en el entorno digital. ¿Dónde identifica hoy las principales brechas entre reconocimiento normativo y ejercicio real del derecho a la privacidad?

En el entorno digital, la lucha actual por el derecho tiene hoy dos sedes: “enforcement” e internacionalización. Las leyes de papel que carecen de mecanismos para hacer efectivos los derechos, obligaciones y responsabilidades merman la credibilidad en el sistema. Esto es muy evidente con la antigua ley de datos personales, que, en sus casi tres décadas de vigencia sin “enforcement” efectivo, habilitó prácticas abusivas del sector público y privado.

Pero, a la vez, un fenómeno esencialmente transfronterizo, como internet y las tecnologías digitales, requiere pensar la regulación y su efectividad más allá de las fronteras. Aún hoy, las principales brechas siguen siendo los mecanismos de cumplimiento de la ley y su eficacia más allá de las fronteras.

En relación con la gobernanza de datos, ¿qué rol debería desempeñar el Estado frente a actores privados que concentran grandes volúmenes de información? ¿Se trata de un problema regulatorio clásico o de un fenómeno que exige repensar las categorías tradicionales del derecho?

El Estado debe velar por el interés público, algo que ya hace en otras áreas de la vida social, desde la construcción de obras viales hasta la provisión de servicios de salud.

Cómo salvaguardar ese interés público —tal como la seguridad nacional, la protección del medio ambiente o el respeto de los derechos fundamentales—, esta vez en relación con el entorno digital, es un desafío.

En ocasiones será alentando y promoviendo buenas prácticas; en otras, aprovechando la colaboración público-privada; y en otras tantas, regulando ciertos sectores. Más importante que el mecanismo exacto es que efectivamente se defina y salvaguarde el interés público asociado a la gobernanza de datos.

Parte de su investigación ha abordado la tensión entre protección de datos y libre circulación de la información. ¿Considera que el derecho ha logrado construir un equilibrio normativo estable entre ambos intereses o se trata más bien de una tensión estructural indefinida?

No existe un equilibrio normativo objetivo. Lo que para unos es adecuado, para otros puede ser insuficiente o excesivo, dependiendo de la naturaleza de sus intereses.

Como quiera que fuese, ese ejercicio de balance es permanente, porque es esencialmente contextual: depende del tiempo, del espacio y de las personas involucradas. Desde esa perspectiva, la tensión es continua y el mecanismo que se adopte para lidiar con ella requiere de constante evaluación, aprendizaje, diseño e introducción de mejoras.

Aunque el tema parece nuevo en Chile, la tensión entre protección de datos y libre circulación de la información ha dominado la agenda internacional durante los últimos cuarenta años. Durante el Congreso, numerosas ponencias se extenderán sobre la consistencia de la legislación, políticas y prácticas locales con esos estándares internacionales.

De cara al Congreso que se desarrollará el 14 y 15 de mayo, ¿qué preguntas le parece que hoy siguen abiertas, y que el derecho aún no ha logrado responder satisfactoriamente, en la relación entre tecnología y derechos fundamentales?

El Congreso cubre una amplia gama de temas, desde delitos informáticos y protección de datos hasta ciberseguridad y protección al consumidor en línea. Pero también explorará temas emergentes, cuyas respuestas siguen relativamente abiertas para la comunidad jurídica nacional, tales como los llamados sandbox regulatorios en inteligencia artificial, la protección jurídica del jugador profesional de videojuegos, la formación del consentimiento en redes sociales y la tributación de criptoactivos.

El Congreso ofrecerá una oportunidad única para conocer el estado del arte de la reflexión jurídica sobre las tecnologías en el país, intercambiar experiencias y construir redes de colaboración.