Ley 18.156 no explicita la exigencia de legalización o apostilla del certificado de afiliación al régimen extranjero, esto no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero.
Se alteró el status quo en cuanto ha privado indebidamente a la actora del uso de los dineros existentes en sus cuentas las que además fueron bloqueadas.
Las diferencias en la ejecución contractual deben resolverse a través de los mecanismos previstos en las bases administrativas o en un juicio de lato conocimiento.
La abogada y socia del estudio FerradaNehme, Stella Muñoz, conversó con Actualidad Jurídica sobre los desafíos de implementación de la nueva ley 21.719, especialmente en el mundo del comercio. Desde su experiencia en el derecho del consumo, planteó que esta nueva normativa obligará a las empresas a repensar todo el ciclo de su relación con los clientes: desde cómo promocionan un producto hasta qué ocurre con los datos tras el término del vínculo contractual. En esta entrevista, también analizó el rol que asumirán la futura agencia de protección de datos, el Estado y los abogados en el proceso de implementación.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
