El máximo tribunal rechazó un recurso de protección y precisó que la falta de cobertura legal y la ausencia de riesgo vital inminente impiden ordenar judicialmente el financiamiento de tratamientos de alto costo.
La Tercera Sala revocó un fallo que había ordenado realizar una cirugía prioritaria, señalando que la pretensión excede el carácter cautelar del recurso de protección.
El máximo tribunal confirmó el rechazo de un recurso de protección interpuesto contra el SERVIU de Arica y Parinacota, descartando ilegalidad en la negativa a eximir la obligación de habitar una vivienda subsidiada cuando la exclusión del beneficio ya estaba firme.
El máximo tribunal concluyó que la controversia quedó superada por la incorporación del medicamento Trikafta al Plan GES desde diciembre de 2025, dejando sin objeto el recurso de protección deducido contra FONASA.
La acción constitucional fue descartada al no advertirse ilegalidad ni arbitrariedad en el sumario administrativo que culminó con la sanción disciplinaria.
La nueva normativa regula el CSIRT de la Defensa Nacional, establece deberes de reporte y define estándares mínimos de ciberseguridad para organismos y operadores estratégicos del sector Defensa.
El tribunal mantuvo la absolución penal por falta de prueba, pero anuló parcialmente la sentencia civil al reprochar la ausencia de razonamiento en la fijación de las indemnizaciones.
La Fiscalía Nacional aprobó y puso en vigencia un nuevo texto reglamentario que redefine sujetos pasivos, registros y sanciones en materia de lobby y gestión de intereses ante el Ministerio Público.
La Corte Suprema acogió un recurso de casación, dejó sin efecto una calificación ambiental desfavorable y recalcó que el SEA no puede apartarse de sus propias Guías cuando el titular estructura su evaluación conforme a ellas.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
