El máximo tribunal confirmó que el deber de consulta se satisface con un procedimiento apropiado y de buena fe, aunque no exista consenso con los pueblos indígenas consultados.
La Superintendencia del Medio Ambiente aprobó una instrucción general que unifica formatos, sistemas de coordenadas y metadatos para toda la información geoespacial que deben reportar los titulares de instrumentos ambientales.
El 8 y 9 de enero, La Serena será sede de la IV Conferencia Anual de ICON-S Chile, instancia que convocará a académicas y académicos de distintas disciplinas para discutir los desafíos del derecho público y la democracia en el siglo XXI. En este marco, Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), reflexiona sobre el escenario institucional del país, la crisis de legitimidad democrática y el rol que debe asumir la academia en la defensa del Estado de Derecho.
Máximo tribunal concluyó que las multas y restricciones por uso de áreas comunes en un condominio deben discutirse ante el Juzgado de Policía Local y que el recurso de protección no es la vía para definir la habitabilidad de una bodega.
El máximo tribunal revocó una sentencia de alzada y rechazó un recurso de protección al constatar que el medio ya había rectificado una noticia de interés público, equilibrando honra y libertad de información.
La Corte Suprema revocó la indemnización por daño moral otorgada a una comunidad de copropietarios, fijando un estándar estricto de prueba e individualización de los afectados en este tipo de controversias civiles.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección y dio 60 días a Enel Distribución para solucionar de forma definitiva las interrupciones de energía que afectan al Mercado Matadero.
El máximo tribunal reafirma que el transcurso del plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal y que el decaimiento exige una pérdida real de finalidad del procedimiento.
El máximo tribunal ratificó que el artículo 74 del Estatuto Administrativo no ampara traslados cuando la unión civil se celebra después de la destinación funcionaria.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
