El presente proyecto de ley busca reforzar el rol disuasorio de las sanciones administrativas que la ley N°19.327 contempla aumentando los rangos de las multas.
Busca diferenciarlo del acoso sexual en espacios públicos y el chantaje sexual, especialmente cuando se hace uso de medios electrónicos a distancia para su comisión.
El proyecto de ley tiene por objetivo fortalecer la gobernanza del Sistema de Educación Pública y mejorar la gestión financiera de los Servicios Locales para lograr mayor eficiencia y efectividad en su ejecución y en el servicio educacional.
Ministerio Público tendría la facultad de requerir información y cooperación a autoridades internacionales, de acuerdo con lo pactado en convenciones o tratados internacionales.
La propuesta establece la inadmisibilidad por el Presidente de la Cámara de origen, la sala sólo podrá revertir esta calificación con los votos de los cuatro séptimos de los diputados o senadores de la respectiva Cámara.
