Con el objeto de dar coherencia a la normativa nacional con las normas y disposiciones del Convenio de Basilea, y ajustar el comportamiento del Estado en la protección a los derechos humanos en las normas nacionales que rigen en la materia.
Con esto, se pretende acotar los plazos de respuesta por parte de los organismos que se encuentran obligados por ley a brindar respuestas a las solicitudes de la sociedad civil.
