El acto impugnado no ha resultado ser ilegal ni arbitrario.
El 10 de julio la Corte Suprema en causa rol N° 15.085-2025 confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó la acción de protección interpuesta en contra de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique.
Cabe tener presente que se interpuso una acción de protección en contra de la Municipalidad de Coyhaique por el acto ilegal y arbitrario consistente en la decisión de no renovar su contrata para el año 2025, contenida en el Decreto Alcaldicio N° 4664, de fecha 28 de noviembre de 2024, confirmada mediante el rechazo de la reposición consignado en el Decreto Alcaldicio N° 5096, de fecha 27 de diciembre de 2024, lo que conculca las garantías del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Apelaciones rechazó la acción, toda vez que el acto impugnado no ha resultado ser ilegal ni arbitrario, adoleciendo la actora de un derecho indubitado cuya tutela reclamar a esta Corte, por lo que no concurre el presupuesto básico para que la presente acción prospere.
Al respecto, es un hecho de la causa que la recurrente prestó servicios en la Municipalidad de Coyhaique en la modalidad de contrata sólo desde el día 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, sumando un total de 3 años; razón por la cual forzoso resulta colegir que no es procedente la aplicación del principio de confianza legítima que se reclama.
Además indica que la facultad de la autoridad en orden a no prorrogar inclusive la contrata de los funcionarios amparados por el principio de confianza legítima puede fundarse en razones ajenas al desempeño, tales como las reconocidas en el citado dictamen N° E156769, de 2021, de Contraloría General de la República, que pueden sustentarse en razones relativas a la modificación de las funciones del órgano y/o en su reestructuración, en la supresión o modificación de planes, programas o similares, o en las nuevas condiciones presupuestarias que se afronten, entre otras. En el caso en concreto, se apoyó en la necesidad de reestructuración de la municipalidad y en la de proveer el cargo con un perfil profesional más afín al rol de inspección a cubrir.