Se busca modernizar la administración tributaria y los tribunales de la materia, dar nuevas facultades a la defensoría del contribuyente y controlar el comercio informal.
El 29 de enero ingresó el Mensaje presidencial boletín N° 16621-05 que Dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.
La iniciativa de gobierno por una parte busca modernizar la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Propone avanzar de forma periódica en procesos de modernización que permitan el mejor uso de las tecnologías disponibles en el ejercicio de sus procedimientos de fiscalización. La administración tributaria, conformada por el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas, señala que deben modernizar la forma en cómo se relacionan con el contribuyente, así como realizar una actualización de una serie de normas que permiten fiscalizar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para ello se establece como una medida la implementación de la notificación por correo electrónico que permite un ahorro fiscal significativo, como también una mayor certeza en el conocimiento que el contribuyente tenga de las actuaciones de la administración, considerando la gran penetración de la tecnología y el acceso a internet móvil en el país. En el caso de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, se pretende implementar el expediente electrónico.
Por otra parte, otro de los ejes centrales del proyecto de ley es el control de la informalidad, señalando que este produce un profundo daño en la recaudación fiscal pues, sea por desconocimiento o de forma deliberada, se vulneran las obligaciones tributarias en todo ámbito; por lo que modifica el delito que sanciona el comercio clandestino, para sancionarlo cuando se cometa en cualquiera de sus formas. Una medida por ejemplo es que los bancos e instituciones financieras tendrán la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos cuando una persona reciba más de 50 transferencias de contribuyentes distintos dentro de un mes, dando cuenta de una potencial actividad comercial.
En cuanto a los Delitos tributarios establece el proyecto que se incrementan las sanciones a quienes faciliten documentos tributarios falsos, sea o no para la comisión de delitos tributarios. También redefine la conducta típica respecto de aquellos fiscalizadores que autoricen documentos tributarios para la comisión de delitos de esta naturaleza, considerando que actualmente dicha autorización, salvo excepciones, no se realiza de forma física sino mediante la autorización de folios en el sistema del Servicio de Impuestos Internos. El proyecto además promueve la autodenuncia de delitos tributarios que permitan desbaratar redes de evasión y comercio informal. Se establece un procedimiento de denuncia anónima que permita la detección y persecución de delitos tributarios; para ello el denunciante accederá a la protección de su identidad y a una retribución económica que corresponde a un porcentaje de las multas aplicadas al evasor cuando se obtenga una sentencia.
En relación a la Planificación tributaria agresiva el proyecto de ley modifica la norma general antielusiva en dos niveles. Por un lado, propone modificaciones sustantivas que buscan establecer un claro encuadre del rango de aplicación de esta norma, regulando cuándo y cómo se aplica, además de explicitar la forma de interacción con las normas especiales antielusión. Y por otro lado, explicita la aplicación de la norma general a operaciones que consisten en un conjunto de actos en que, pese a que uno o más de ellos están sujetos a una norma especial, se debe permitir la aplicación de la norma general pues la planificación agresiva solo se puede establecer y acreditar al observar los hechos en su conjunto.
La iniciativa además busca dar nuevas facultades a la Defensoría del Contribuyente, dentro de las cuales se encuentra la posibilidad de asesorar y representar a los contribuyentes ante el Servicio de Tesorerías y el Servicio Nacional de Aduanas, en este último caso pudiendo representar en la interposición del recurso de resguardo. De esta forma, la Defensoría pasa a tener atribuciones para actuar ante los tres organismos que conforman la administración tributaria y permite también a la Defensoría representar a los contribuyentes en los procedimientos de vulneración de derechos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Señala además que, para mejorar la labor de asesoría y educación, se permite que la Defensoría acceda a información sujeta a secreto tributario para el ejercicio de sus funciones.
El gobierno además busca la regularización de obligaciones tributarias de los contribuyentes, para lo cual establece medidas permanentes y otras transitorias. Encontramos dentro de las primeras la modificación en la forma de cálculo de la tasa de interés, que pasará a ser una tasa semestral que toma como base la tasa de interés corriente aplicable a operaciones a un año o más, reajustables en moneda nacional, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero, incrementada en 3,5%. En la misma línea, se otorgan mayores flexibilidades para la suscripción de convenios de pago con el Servicio de Tesorerías, estableciendo además un régimen especial para Mipymes, que podrán acceder a convenios con un plazo de hasta 18 meses con un pie que no supere el 5% de la deuda y con condonación de intereses y multas. Y se reestructura el procedimiento de declaración de deudas incobrables y se crea un procedimiento administrativo que permitirá la declaración de la prescripción de deudas sin necesidad de un procedimiento judicial.
El proyecto de ley también busca el fortalecimiento de los distintos órganos de la administración tributaria y de la Defensoría del Contribuyente que incluye el fortalecimiento tecnológico y de personal. Por ejemplo, a nivel de fortalecimiento tecnológico en el caso del Servicio de Impuestos Internos, se aumentará su capacidad para el procesamiento de datos y la implementación de inteligencia artificial para identificar de forma más eficiente las áreas que requieren mayor fiscalización o comportamientos anómalos.
Por último, la iniciativa de ley contiene normas que elevan el estándar de probidad y las sanciones para quienes incumplan dichas medidas.