La controversia sobre quien debe costear la conexión a los sistemas públicos de recolección de aguas servidas, poseen un mecanismo contencioso especial.
El profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Alfonso Henríquez —en conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE—, analizó los principales desafíos para la implementación de los derechos sociales en Chile, el rol del Estado en su garantía y la tensión entre justiciabilidad y sostenibilidad fiscal.
La Corte advirtió la necesidad urgente de adoptar medidas para evitar que se prolongue la ocupación irregular, dada la transgresión de garantías fundamentales, como el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, protegidas por la Constitución.
Todo permiso otorgado por la Municipalidad para hacer uso de un bien nacional de uso público es, por su propia naturaleza y por definición, de carácter precario.
Corresponde acudir a un procedimiento de mayor conocimiento ante un tribunal competente, donde las partes puedan ejercer plenamente sus derechos y presentar pruebas conforme a la ley.
La Corte advierte un déficit en cuanto al deber de fundamentación que debe presentar, ya que de su atenta lectura no se observa la existencia de una motivación fundada para la adopción de la decisión impugnada.
La omisión de pago carece de fundamento legal y no puede sino ser considerado como ilegal y arbitrario. No puede desconocerse el fundamento de las licencias médicas y la protección a la maternidad.
La trabajadora buscaba revertir el efecto liberatorio de un finiquito respecto de acciones de declaración de relación laboral, unidad económica y nulidad del despido.
Máximo tribunal sostuvo que la administración no solo está facultada, sino obligada a recuperar fondos públicos pagados erróneamente, respetando límites legales en los descuentos.
