Establece un máximo de 24 horas para el plazo judicial que se deberá fijar para que los proveedores de servicios entreguen al Ministerio Público los registros de tráfico de llamadas telefónicas, de envío de correspondencia o de tráfico de datos en internet de sus abonados.
Los funcionarios policiales se encontraban facultados para la revisión de vestimentas del controlado, su equipaje y el vehículo, lo que ciertamente, incluye a los ocupantes del móvil.
Si no se toman las medidas de salud del caso, podría producirse el fallecimiento del recurrido, lo que implica una omisión del respeto a la vida como derecho fundamental que no puede ser tolerado.
La decisión de Gendarmería aparece como un acto inmotivado, que altera la situación jurídica preexistente y afecta la dignidad de las personas recluidas.
Resulta improcedente la imposición anticipada de la medida cautelar de prisión preventiva respecto de un imputado que no se encuentra cumpliendo una condena.
El que cause daños en infraestructura penitenciaria será sancionado con las penas de presidio menor en su grado máximo y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.
La Segunda Sala descartó vulneraciones al debido proceso y confirmó la condena por fingimiento del cargo de abogado, junto con el delito de uso malicioso de documento privado falso.
En el marco del III Congreso de Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile, Carlos Araya, abogado de Magliona, analiza -en conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE- los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la regulación, la contratación tecnológica y el sistema tradicional de propiedad intelectual, en un escenario marcado por el acelerado avance de las nuevas tecnologías.