Al resolver el tribunal sin audiencia previa y sin considerar los fundamentos ni las implicancias para la amparada, se vulneraron sus derechos y su proceso de resocialización.
Dicha prohibición tiene como objetivo salvaguardar la integridad del sistema judicial, prevenir la impunidad y proteger a la sociedad de los peligros asociados con la delincuencia organizada.
Se ha incumplido la normativa nacional e internacional a la que Chile se ha obligado respecto del tratamiento que debe dispensarse a personas privadas de libertad.
No existió una fundamentación por parte del Juzgado de Garantía de San Carlos relativa a la existencia del menoscabo grave a la dignidad de la víctima.
La actividad policial ha sido desplegada dentro de los márgenes que la ley le confiere, de manera que no se apreció inobservancia de las normas que el legislador consignó para un procedimiento como el de la especie.
La Segunda Sala descartó vulneraciones al debido proceso y confirmó la condena por fingimiento del cargo de abogado, junto con el delito de uso malicioso de documento privado falso.
En el marco del III Congreso de Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile, Carlos Araya, abogado de Magliona, analiza -en conversación con Actualidad Jurídica: el blog de DOE- los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la regulación, la contratación tecnológica y el sistema tradicional de propiedad intelectual, en un escenario marcado por el acelerado avance de las nuevas tecnologías.
