Así, los guardias estarán obligados al igual que funcionarios policiales a detener a las personas que sorprendan cometiendo un delito, en el lugar que ellas tienen por finalidad proteger.
La normativa prohíbe la posibilidad de comunicar datos relativos a obligaciones cuya exigibilidad data de cinco años o más, siendo irrelevante si ha sido pagada o extinguida.
La Segunda Sala concluyó que las medidas de control adoptadas no fueron suficientes y dispuso el cese de emisiones sonoras amplificadas en horario nocturno, además de reforzar la fiscalización municipal.
Máximo tribunal acogió un recurso de unificación de jurisprudencia, y resolvió que una renuncia sin las formalidades exigidas por el Código del Trabajo carece de eficacia para poner término al vínculo laboral.
