Se acreditó la responsabilidad del sostenedor y con ello la culpa infraccional quedó determinada, sin que hubiere probado vulneración alguna a los principios de objetividad, debido proceso, legalidad ni de razonabilidad.
Las medidas adoptadas buscan precisamente prevenir riesgos a la vida e integridad de los habitantes del sector, cumpliendo con el principio de oportunidad.
Han transcurrido un plazo de más de 6 años desde que concurrió voluntariamente ante la Policía de Investigaciones para dar cuenta de su situación de irregularidad e interés en que se inicie este procedimiento.
La trabajadora buscaba revertir el efecto liberatorio de un finiquito respecto de acciones de declaración de relación laboral, unidad económica y nulidad del despido.
Máximo tribunal sostuvo que la administración no solo está facultada, sino obligada a recuperar fondos públicos pagados erróneamente, respetando límites legales en los descuentos.
