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La conducta de las personas que ocupan irregularmente el inmueble de propiedad de la recurrente resulta ser ilegal.

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Las imputaciones efectuadas por la demandada a la actora no resultaron debidamente acreditadas.

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El plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal y obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable.

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Ordenar la aceleración del proceso administrativo por esta vía podría significar una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

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La actuación de la Isapre recurrida no puede ser considerada ilegal o arbitraria, por encontrarse amparada en la normativa aplicable y en los términos del plan de salud pactado.

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La decisión administrativa se dictó sin los antecedentes clínicos ni exámenes complementarios.

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Lo que correspondía era iniciar un procedimiento de invalidación en el que se otorgara al interesado la posibilidad de ser oído.

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