Corte Suprema estimó que hubo falta de servicio del hospital, ya que, adquirió y luego utilizó en sus cirugías el dispositivo médico Meroctane, sin ejercer un control adecuado.
Corte Suprema acogió recurso de casación estimando que hubo falta de servicio por parte del Ministerio Publico lo cual causó en el demandante un detrimento emocional.
El fallo original, que ordenaba la restitución de bienes arrendados y el pago de una multa, fue revocado, concluyendo que los bienes ya habían sido restituidos al demandante.
La conducta de la Tesorería General de la República configura una falta de servicio, ya que la actuación de sus funcionarios da cuenta de una absoluta descoordinación en la tramitación administrativa versus la judicial del juicio de cobranza.
El recurso de casación es de derecho estricto y debe ser deducido en forma categórica y precisa, estando fuera de lugar peticiones subsidiarias por carecer de la certeza.
El actuar del Servicio recurrido es ilegal, atendido que, junto con desconocer la filiación del tío del solicitante de la posesión efectiva, desestima los derechos que la normativa vigente les otorga.
Corte Suprema confirmó la responsabilidad civil contractual por incumplir el contrato de servicios médicos y reafirmó que la indemnización de perjuicios incluye daño emergente y lucro cesante.
La situación fáctica establecida en la causa no se encuadra dentro de la hipótesis de ausencia absoluta de nexo jurídico entre quien tiene la ocupación de la cosa y su dueño.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
