El protocolo de prevención de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual, es un asunto que no debe ser sometido a la aprobación del concejo municipal.

La Municipalidad de Quilpué, en su calidad de órgano de la administración del Estado, posee atribuciones legales para fiscalizar y velar por el cumplimiento de la normativa que regula el comercio ambulante, actuando por sí misma o en coordinación con otros organismos público.

El actuar de la Municipalidad se enmarcó dentro de la normativa vigente.

La Municipalidad ordenó notificar el acto impugnado por carta certificada, no obstante que, a su entender, ya estaba comunicada esa decisión en forma personal, lo cual da cuenta de una evidente contradicción de su actuar que, inconcusamente, confunde al administrado.

La Corte carece de competencia para pronunciarse sobre el mérito de la decisión que rechazó la invalidación del permiso de edificación original.

El acto impugnado no respetó los principios generales que controlan el de discrecionalidad administrativa y que hacen aplicables los de igualdad y no discriminación arbitraria.

Corte Suprema ordenó a la Municipalidad formalizar la decisión de la Dirección de Tránsito mediante la dictación del acto administrativo fundado que corresponda.