La Municipalidad demandada tiene la obligación de velar por el buen y apropiado estado de dicha vía pública, esto es, mantenerla en condiciones adecuadas para el tránsito sea peatonal.

El desalojo decretado por la municipalidad es ilegal puesto que dicha competencia está atribuida por ley al Delegado Presidencial quien puede, a su vez, solicitar el auxilio de la fuerza pública para su cometido.

La Municipalidad de Independencia deberá iniciar gestiones de cobro de la totalidad de los mismos, debidamente reajustados, y disponga la instrucción de un proceso disciplinario que determine las eventuales responsabilidades de funcionarios municipales.

Se dejó a la actora en una situación de disparidad en cuanto al trato ordenado por la corporación, en contraste con otros particulares que están vinculados contractualmente.

La municipalidad no puede evadir su responsabilidad en la problemática social y debe actuar para proporcionar soluciones a los habitantes, cumpliendo su deber como Órgano de la Administración del Estado.

La Corte de Apelaciones de Santiago señaló que la fiscalización de tapas de servicios en mal estado es tarea municipal, y su omisión constituye una falta de servicio.