La Corte Suprema, mediante sentencia de 16 de junio, dictada por su Tercera Sala en causa Rol N° 16.820-2026, confirmó el fallo pronunciado el 12 de marzo de 2026 por la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó un recurso de protección interpuesto contra la Municipalidad de La Florida.
El dictamen señala que los concejales no pueden promover ni representar intereses particulares mediante el uso de bienes o servicios municipales ajenos a fines institucionales.
La Tercera Sala revocó el rechazo dictado en primera instancia y ordenó a la Municipalidad de Santiago adoptar medidas concretas para enfrentar condiciones persistentes de ocupación y salubridad en el entorno de un inmueble de la comuna.
Los municipios pueden adquirir excepcional y transitoriamente elementos de seguridad y protección cuando existan amenazas concretas y debidamente denunciadas.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
El máximo tribunal mantuvo la sentencia que anuló el decreto municipal que ordenaba restituir más de $36 millones por una asignación especial transitoria.
La Tercera Sala confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó la acción deducida contra la Municipalidad de Calama. El tribunal sostuvo que la vía del amparo económico no era idónea y que la decisión municipal se ajustó a derecho.
Máximo tribunal acogió un recurso de unificación de jurisprudencia, y resolvió que una renuncia sin las formalidades exigidas por el Código del Trabajo carece de eficacia para poner término al vínculo laboral.
